Al Congreso de la Unión llegó el caso del feminicidio de Vanessa Gaytán, ocurrido en las puertas de Casa Jalisco, y le están solicitando al fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, rinda un informe sobre el estatus de las órdenes de protección y restricción previamente dictadas sobre el caso, además sanciones a funcionarios que, desde una lógica de violencia institucional, hicieron caso omiso a las mismas.
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La legisladora Lorena Villavicencio Ayala (Morena), en su calidad de coordinadora de la Subcomisión para la atención de Feminicidio y Violencia Contra la Mujer, de la Comisión de Igualdad de Género, también exigió al gobierno de Enrique Alfaro Ramírez, acciones sustantivas en materia de prevención y atención a la violencia de género.
Tuvo acceso al video de los hechos ocurridos a las puertas de la casa de gobierno, del asesinato de Vanessa Gaytán, en manos de su ex pareja con quien sostenía trámites de divorcio, y para la legisladora solo evidencia: “el riesgo permanente que representa a las mujeres la violencia por razones de género y la incompetencia de las autoridades que hacen de la impunidad una causa de muerte para las mujeres”.
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Detalló que la víctima tenía tres órdenes de protección-restricción y había denunciado en distintas ocasiones el riesgo en el que se encontraba.
Villavicencio Ayala, afirmó que “se tomarán cartas en el asunto para conocer y dar seguimiento a cada una de las acciones y en su caso omisiones emprendidas por en este caso del gobierno de Jalisco y de cada uno de los estados, tal y como se acordó en la instalación del consejo consultivo y ciudadano para el seguimiento a casos de feminicidios”.
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La diputada hizo “una exigencia al gobernador del estado, Enrique Alfaro, y a toda su administración para la generación de acciones urgentes en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres para su erradicación”.
Al Fiscal del Estado de Jalisco, la misma diputada solicitó que “que informe sobre las denuncias previamente interpuestas por Vanesa Gaytán Ochoa y sancione a las y los funcionarios que desde una lógica de violencia institucional hicieron caso omiso de estas”.