Los jaliscienses se sumarán a la manifestación nacional que se realizará el 26 de febrero en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) y en rechazo a las reformas a las leyes electorales, por lo que representantes de diversas asociaciones civiles en favor de la democracia invitan a unirse a las 11:00 horas en la Plaza Liberación.
Pedro González, de Ciudadanos MX, indicó que diversas asociaciones civiles “nos manifestaremos pacíficamente el próximo 26 de febrero en defensa del INE y en rechazo al llamado Plan ‘B’, independientemente de preferencias políticas, los ciudadanos no podemos permanecer pasivos ante las pretensiones” de dichas reformas.
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Mencionó que esos cambios ponen en riesgo los procesos democráticos construidos hace más de 30 años y, en primera instancia, se pasó de “un intento para enterrar al INE, que se logró detener, a buscar desmantelarlo desde adentro y dejarlo inoperante”.
Es por eso que considera que el Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) junto con sus aliados pretenden “modificar cinco leyes secundarias y la creación de una nueva ley, esas dos ya han sido aprobadas, lo que nos pone en estado de alerta. No podemos estar de acuerdo con estas reformas porque el procedimiento legislativo vulneró los principios fundamentales de un parlamento”.
Todo eso sin ningún tipo de discusión, sin análisis del contenido y los alcances de las iniciativas, además no se respeta a las minorías políticas, por lo que aseguraron que una reforma electoral debe contar con el consenso más amplio posible y, en este caso, la mayoría de los académicos, intelectuales, analistas y “sociedad civil organizada, estamos de acuerdo de que ni son los tiempos, ni las condiciones” para poder llevarlas a cabo.
Las dos reformas ya aprobadas que corresponden a Comunicación Social y la de Responsabilidades Administrativas establecen “que sólo los recursos públicos específicamente etiquetados como propaganda serán consideradas como tales y que la manifestaciones de los servidores públicos no constituyen propaganda gubernamental”.
Con estos cambios –dijeron- se permite a los funcionarios de todos los niveles utilicen los programas sociales de manera política y hagan campañas mientras permanecen en sus funciones, esto “es un regalo para quien detenta el poder y para las corcholatas”.
Mientras que las propuestas de cambios a la Ley General de Partidos Políticos, a la de Instituciones y Procedimiento Generales, así como la Ley Orgánica del Poder Judicial “son peligrosos porque buscan el desmantelamiento de las juntas distritales y del servicio profesional electoral, es decir, se despide a funcionarios capacitados y perjudica la instalación de casillas, credencialización y se eliminan los fideicomisos”, con lo que se debilita la operatividad, certeza y objetividad de los procesos electorales.