El estado mexicano debe plantear alternativas ante la decisión de desaparecer el programa de Escuelas de Tiempo Completo, urgió la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, en un llamado al que se sumó también la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco (CEDHJ).
Mediante un pronunciamiento la FMOPDH recordó que el programa “La Escuela es Nuestra” incluyó en 2021 recursos para ejecutar los objetivos del de Escuelas de Tiempo Completo, por lo que contaba con tres componentes básicos: infraestructura y equipamiento, ampliación de la jornada escolar y servicio de alimentación, de los cuales estos últimos dos se eliminaron en las reglas de operación de este 2022.
“La eliminación de ambos componentes programáticos implica un impacto negativo en la nutrición, equilibrio emocional, desarrollo de habilidades de sociabilidad y convivencia necesarias para el aprendizaje de 1.6 millones de niñas, niños y adolescentes en todas las entidades federativas del país”.
Por si no lo sabías:
Entre los riesgos que se advierten, la federación señaló la posible deserción escolar, la prevalencia de embarazo adolescente y el incremento de la participación de los pequeños en tareas no remuneradas de cuidado y de trabajo informal, en evidente perjuicio de su derecho a la educación y el desarrollo, por lo cual sus integrantes no dejaron de manifestar su preocupación porque esto implicaría una regresión en la calidad y acceso de los derechos de menores.
“Los organismos que integran la federación hacemos un llamado urgente a implementar medidas para evitar tales impactos, así como a continuar con la cobertura nacional de la jornada escolar y los servicios de alimentación para la población precarizada. Urge al estado a cumplir con su obligación de disponer de los recursos necesarios para la protección de niñas, niños y adolescentes”.
También, exhortó a la Secretaría de Educación Pública (SEP), a las autoridades estatales de educación y a la Comisión Intersectorial para el Regreso a Clases Presenciales, a trabajar a fin de que se planteen y ejecuten alternativas que impidan perder la posibilidad de fortalecer la alimentación y el aprovechamiento académico de este sector.
“Reiteramos nuestra disposición a participar en este proceso mediante la colaboración técnica y el vínculo con comunidades y aliados, para la construcción de alternativas eficaces desde un enfoque diferencial e interseccional de los derechos humanos”.
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