En agosto del 2014 la inversión de la línea 3 del Tren Ligero se fijó en 17 mil millones de pesos, ahora la Secretaría de Hacienda Federal la tiene con un monto de 53 mil millones de pesos, aunado a que no se ha terminado, registra graves irregularidades como duplicidad de pagos, y debido a que no se ha presentado ninguna denuncia penal, el diputado de Movimiento Ciudadano, Javier Romo Mendoza, exhortó al Congreso de la Unión, para que exija a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a interponer las denuncias penales, ya que es la única instancia que tiene pruebas de las anomalías.
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Aunado a ello, el legislador dijo que se hicieron pagos de forma indebida:8.9 millones de pesos para corregir obras de mala calidad que eran responsabilidad de otros contratistas;9.5 millones de pesos por el cálculo incorrecto de los factores de ajuste de costos; 11.8 millones de pesos por el pago de volúmenes que difieren del proyecto ejecutivo de vías; 6.7 millones de pesos por la incorrecta integración de la matriz de un concepto no previsto en el catálogo original.
Romo Mendoza, puntualizó que se determinaron 12 observaciones que generaron 3 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 9 pliegos de observaciones por la Auditoría Superior de la Federación.
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“El costo total de la Línea 3 del Tren Ligero, de acuerdo a los que se está registrando en la SHCP, ascendería a 53 mil millones de pesos para poder terminar la obra, de un monto inicial de 17 mil millones de pesos que estaban presupuestados, se han gastado actualmente 34 mil millones de pesos y la obra sigue inconclusa, no se puede permitir que la impunidad aborde este tren”, refirió.
También presentó exhorto para que el Congreso de la Unión llame a comparecer al director general de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Manuel Eduardo Gómez Parra, quien recibió la obra de la pasada administración, y a la fecha no ha presentado las denuncias correspondientes por las presuntas irregularidades.
El legislador, dijo que de acuerdo a las auditorías realizadas por la propia ASF en 2017 y 2018 señalaron graves irregularidades en la realización del proyecto, dentro de las cuales hay observaciones por inconsistencias como una inadecuada planeación del proyecto, duplicidad de pagos, incremento en los materiales, retraso de obras, pagos incorrectos o superiores a los que fueron cotizados, entre otras irregularidades por las que, a la fecha, no se ha presentado ni una sola denuncia penal.
