Representantes de diversos sindicatos y asociaciones en defensa del patrimonio del Instituto de Pensiones del Estado (IPEJAL) aseguran que los datos difundidos hace una semana por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez y el director del organismo, Héctor Pizano no son del todo correctos y demandan la erradicación de la corrupción.
Entre los quejosos están asociaciones de jubilados y pensionados del IPEJAL del sindicato de trabajadores de Zapopan, así como del Colegio de Bachilleres y del Movimiento 19 de abril de 2018, quienes aseguran que ellos tiene datos y que no es el aumento de la tasa de sobrevida lo que puso en números rojos al instituto, sino los malos manejos financieros.
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Es por eso que piden que el Congreso sea el único facultado para designar a los directores generales, quitar las facultades discrecionales al Consejo Directivo sobre las inversiones que se hagan con recursos de la reserva técnica y se vuelva a las prácticas sanas en las finanzas como es de invertir las utilidades en nuevos créditos así como la ampliación de prestaciones.
También piden que esa reserva técnica se invierta sólo en instrumentos de renta fija con el mayor rendimiento posible como son divisas estables y deuda del Gobierno Federal; a lo anterior se suma la petición de que los integrantes del Consejo Directivo sean electos por los servidores públicos, mientras que Gobierno del Estado sólo podría designar a su representante, mientras que los jubilados y pensionados tengan una representación tanto en el Consejo Directivo como en la Dirección de Servicios Médicos.
Además exigen un alto definitivo a la corrupción, “a la irresponsabilidad, ineficacia y al dolo en el manejo de los fondos financieros que conforman el fondo del IPEJAL; se apruebe la creación de una comisión especial” para el análisis y fiscalización de los recursos del Instituto y se haga de la manera más transparente posible.
En esa comisión deberían estar la Contraloría General del Estado, Fiscalía Estatal Anticorrupción, Congreso de Jalisco y la Contraloría Interna del IPEJAL para investigar y documentar en dado caso los malos manejos del patrimonio de todos los trabajadores.
Esto se complementaría con la prohibición a los servidores públicos con cargos de elección popular y de confianza para que no reciban como prestación la jubilación o pensión con sustento al salario devengado en esos cargos.
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