Contará el Poder Legislativo con una Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación la cual deberá garantizar un ambiente libre de violencia y prevenir, atender y erradicar el hostigamiento y acoso sexual y laboral en el Congreso del Estado.
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Puede haber casos de acoso sexual y laboral, pero hasta ahora no existe ninguna denuncia, reconoció la legisladora Sofía García Mosqueda, presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género.
Las diputadas que integran el Órgano Legislativo dieron “luz verde” a esta nueva unidad que tendrá como objetivo institucionalizar la perspectiva de género en la cultura organizacional.
El dictamen que deberá ser aprobado por el Pleno es una reforma al artículo 58 y adiciona un artículo 65 Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para crear la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación del Congreso del Estado.
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Dependerá de la Asamblea Legislativa y tendrá autonomía técnica.
“Con esto queremos llevar políticas públicas con todos los empleados en temas de sensibilización y perspectiva de género y que exista capacitación en conjunto con el Sindicato en temas de violencia, salud y otros y hasta temas de las nuevas masculinidades y lograr la certificación de la NOM 025”, manifestó la diputada García Mosqueda.
Se trabajará con el mismo personal y se capacitará a la que quede como titular. Lo ideal es llegar a que tenga un presupuesto, puntualizó la legisladora del PRI.
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Las facultades de la nueva Unidad serán: impulsar políticas, leyes, normas y acciones específicas de intervención para hacer posible el logro de relaciones equitativas e igualitarias en todas las actividades del Congreso del Estado; promover acciones internas para garantizar un ambiente libre de violencia; coadyuvar con las instancias internas para prevenir, atender y erradicar el hostigamiento y acoso sexual y laboral.
Promover políticas laborales dirigidas a generar mecanismos para conciliar la vida laboral, familiar y personal; impulsar la elaboración de publicaciones y contenidos editoriales que permitan consolidar la institucionalización de la perspectiva de género en el Poder Legislativo; implementar procesos de capacitación y especialización de las y los servidores públicos en materia de derechos humanos, perspectiva de género e igualdad sustantiva; la producción y sistematización de información al interior del Congreso local con perspectiva de género, entre otros.