Para que la política anticrimen funcione debe ir ligada a la prevención, política de persecución penal y de sanción. El Arzobispado de Guadalajara señaló que se requiere una estrategia que combata los fenómenos, estructuras y mercados criminales que realmente disminuya la impunidad “de tal manera que los ciudadanos percibamos que hay efectividad al desarticular las formas de criminalidad, desmontando los mercados criminales de robo de autos, de desaparecidos, de trata y de distribución de droga”.
Cita que el Observatorio Jalisco Cómo Vamos, en 2020 reportó mil 743 homicidios, el robo de vehículos ascendió a nueve mil 883 unidades y un total de mil 624 personas desaparecidas en Jalisco.
Te recomendamos:
“Tenemos un Instituto de Ciencias Forenses en crisis desde hace cuatro años, y un sistema penitenciario manejado por las mafias internas. Lo que se percibe al analizar los números es que la estrategia actual de la persecución penal de los delitos genera 95% de impunidad”, destaca en su editorial de esta semana el órgano informativo del Arzobispado de Guadalajara, Semanario.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) publicada en diciembre de 2020, indica que 83.1% de los encuestados se sienten inseguros; en comparación con 2012, que es el año con menor percepción de la última década, con 61.5%.
El estudio también expresa que las policías municipales son las autoridades de seguridad que menos confianza dan a la sociedad, con 52.6%; en contraste con la Marina o el Ejército, que tienen un nivel de confianza de 92.8 y de 88.9, respectivamente.
Sobre la percepción que tienen los jóvenes, el estudio señala que 73.3% de la población de 18 años en Jalisco considera que la inseguridad es el problema más importante en nuestro Estado.
“El esfuerzo que hacen los vecinos para defenderse de los asaltos y robos, en una de las colonias emblemáticas de la ciudad, la Colonia Americana, llama la atención como una estrategia creada por los mismos vecinos. Or-ganizarse nació de la idea de que la seguridad es un derecho de los ciudadanos, un deber del Estado, y no un servicio municipal caro y malo”, agregó.
Crearon , inclusive un documento donde expusieron sus intenciones y trabajaron en un mapeo de incidencia delictiva de la colonia, con la intención de unirse y cuidarse.
