Las Bancadas de oposición de la Cámara de Diputados y de Senadores PAN,PRI,PRD,MC y miembros de la Comisión Permanente se oponen a la reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria como solicitó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Chécalo:
Que pretende la iniciativa autorizar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que, en caso de una emergencia económica, pueda reorientar los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) a fin de “destinarlos a mantener la ejecución de los proyectos y acciones prioritarios de la Administración Pública Federal y fomentar la actividad económica del país, atender emergencias de salud y programas en beneficio de la ciudadanía”.
En comunicado en conjunto manifestaron que consideran la iniciativa innecesaria: las disposiciones vigentes de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria sustentan la posibilidad de la adecuación del PEF ante el escenario de una disminución de los ingresos fiscales aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación, hoy estimado en un escenario optimista en un -5.4%; ésta adecuación se realizaría a propuesta del Ejecutivo Federal y sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
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La iniciativa busca legitimar acciones inconstitucionales: La propuesta enviada por el Ejecutivo busca dar sustento al Decreto del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el propio 23 de abril de este año, por el cual se establecieron determinaciones sobre el ejercicio del PEF 2020 que violan la Constitución y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, específicamente porque posponen toda acción y gasto gubernamental, salvo 38 programas que el Presidente califica de prioritarios.
También pretende establecer previsiones particulares para eludir el sistema de rendición de cuentas.
Indicaron que la iniciativa promueve la opacidad: El Decreto que le da origen no establece la naturaleza y características de la emergencia económica derivada de la pandemia y sus efectos en las finanzas públicas, el sustento para la determinación de las actividades y los programas prioritarios o los criterios para la reorientación del gasto público para la atención de lo prioritario, particularmente con respecto a los derechos de las personas y los servicios que la administración debe proveer. Tampoco establece un límite a los recursos que se pueden reasignar.