El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado de Jalisco viajó a la Ciudad de México para presentar ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) denuncia de hechos por presuntos actos de corrupción por la licitación local 1/2019 relacionada al Programa "A toda máquina ", ya que argumentó que la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción no ha hecho nada a pesar de las denuncias interpuestas.
La diputada Erika Pérez García, presidente de la Bancada y acompañada de todos los miembros, dijo que hace tres meses presentaron la denuncia en la Fiscalía por “actos de corrupción cometidos en perjuicio del patrimonio del Estado de Jalisco realizados por los servidores públicos y particulares”, dicho delito puede presentarse en la licitación 1/2019 para contratar el servicio de “arrendamiento” de maquinaria agrícola por parte de la Sader.
"Vemos con tristeza que en nuestro estado no hemos tenido avance en las indagatorias; que el fiscal Anticorrupción ha sido selectivo con su trabajo dando prioridad a los señalamiento de su jefe político; no ha sido profesional y nada diligente".
Agrega que la Contraloría del Estado "ha dado muestras claras de que carece de independencia, autonomía y criterios propios, es evidente que su jefe le dicta desde las conclusiones de investigaciones sobre responsabilidad, hasta los comunicados de prensa".
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Indicó: "Encontramos que según la página del propio Gobierno del Estado, los recursos que destina la Sader son de origen de federal, por lo tanto, la competencia de Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y a la Auditoría Superior de la Federación y de otras instancias federales es incuestionable".
La denuncia es contra funcionarios públicos y empresarios: Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador del Estado de Jalisco, Luis Arturo López Sahagún, presidente del Comité de Adquisiciones, Raymundo Andrade Beltrán, secretario técnico del Comité de Adquisiciones, Roberto Navarro Arias, representante de la Contraloría en el Comité de Adquisiciones, Rodolfo Espinoza Preciado, director de Recursos Materiales y Financieros de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Agustín de la Fuente Gutiérrez, director general Sader, Carlos Salinas Osornio, servidor público de Sader, Guillermo Romo Romero, empresario, Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. y Jorge Salinas Osornio, trabajador de la empresa Servicios Mega y hermano Carlos Salinas Osornio.
Solicitan investigaciones necesarias para aclarar y en su caso castigar a los responsables, y que se giren las medidas cautelares para evitar menoscabo.
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Asimismo, los legisladores solicitan que se de vista a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que realice las investigaciones necesarias de la evolución patrimonial de los involucrados y su situación tributaria. Y a la asociación “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad” la exhortan a "tener el mismo interés, solicitud y atingencia en el caso “A Toda Máquina”, si el asunto “Casa Blanca” de 70 millones de dólares fue interesante, ¿qué le falta al de mención que vale casi 160 millones de dólares para que le pongan interés, se aboquen a su investigación y hagan las denuncias públicas con vehemencia y precisión mediática como en otros asuntos?".
Exigen la separación del cargo de los funcionarios citados, y que el empresario Romo Romero y Jorge Salinas se comprometan publicamente a no realizar negocios con el Gobierno del Estado y que los recursos de la licitación sean depositados en un fideicomiso ciego, hasta en tanto no se esclarezcan los hechos.
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