/ jueves 15 de agosto de 2024

Jalisco, principal agresor de periodistas, activistas y buscadoras

El sistema estatal carece de políticas públicas para su protección

Periodistas, activistas y buscadoras de personas desaparecidas se enfrentan a la violencia y estigmatización del aparato burocrático de Jalisco.

Advierten, en el 2023 a nivel nacional, la entidad se ubicó en el quinto lugar con más agresiones contra mujeres periodistas, quiénes viven prácticas de acoso e intimidación por distintas vías, como la desacreditación a través de los medios de comunicación, así como los seguimientos y las amenazas directas y las agresiones físicas tanto a las personas defensoras y periodistas como a sus familiares.

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Aunque Jalisco cuenta con la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y con instituciones hay un vacío en el sistema gubernamental, carece de una política pública integral de protección a personas defensoras de derechos humanos y activistas se desprende del Diagnóstico Participativo: Hacia una Política Pública para la Protección Integral de las Defensoras y Periodistas.

En la presentación del primer diagnóstico perspectiva de género, las ponentes expresaron la situación de violencia que enfrentan estos sectores de la sociedad.

La periodista Sonia Serrano Iñiguez se refirió al gremio periodístico de mujeres.

“En el caso de las periodistas queda claro que a trabajo igual no corresponde oportunidades y salarios iguales. Quienes alcanzan cargos de dirección -lo contaron ahí- lo hacen casi siempre cuando el medio enfrenta alguna crisis y esa crisis fue provocada por un colega hombre”.

Advierte que al atacar a una periodista o activista se ataca a la sociedad, recordó los casos de la periodista de Puerto Vallarta que fue atacada, Susana Carreño y de los asesinatos de la abogada y activista de Tonalá, Verónica Guerrero y de la activista cuidadora de Zapopan, Luz Raquel Padilla.

“¿Por qué poner el foco precisamente en esos actores sociales? La respuesta es simple los ataques en estos casos son derivados de la labor que realizamos, pero además en efecto de la violencia se multiplica porque el ataque a una periodista o a una defensora de Derechos Humanos no es solo contra la persona sino contra la causa que está detrás por lo que la afectación no es personal sino social”.

Asimismo se refirió a la ley estatal para la protección de personas defensoras de que no se haya aplicado a casos concretos.

Por su parte, la activista Indira Navarro Lugo, fundadora de Guerreros, Buscadores de Jalisco, describió los actos violentos que han vivido por policías municipales y grupos del crimen organizado a la vez, denunció una gran cantidad de fosas clandestinas que son denunciadas por la sociedad.

“La inseguridad y el riesgo para las y los buscadores, amenazas, situaciones de peligro que hemos enfrentado. Hay que recalcar que hacer víctimas de este delito las familias se convierten en defensora de los Derechos especialmente En búsqueda de personas desaparecida y nos encontramos en situación de riesgo y vulnerables qué somos

En este contexto de violencia hacia las mujeres periodistas, defensoras y buscadoras, la coordinadora de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer A.C., Cirenia Celestino Ortega emite una serie de recomendaciones que se establecen en dicho diagnóstico entre estos que en Jalisco se modifique la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas y crear una institución autónoma con una política pública integral de protección.

“A pesar de que Jalisco cuenta con un marco jurídico e institucional de atención y reparación de delitos y violaciones a los Derechos Humanos existe un vacío no existe una política integral de protección mucho menos una con perspectiva de género, un vacío importante cuando se trata de responder a los distintos impactos que genera ejercer el periodismo y la defensa de Derechos Humanos en un contexto como el que se vive en esta entidad federativa. No existe una dependencia específica que asuma las funciones del mecanismo de protección”.

El Diagnóstico Participativo: Hacia una Política Pública para la Protección Integral de las Defensoras y Periodistas establece una serie de recomendaciones que realizan buscadoras, defensoras y periodistas para su protección integral en materia de prevención, investigación, atención y protección y reparación y garantías de no repetición.

En el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas se dieron a conocer los resultados del diagnóstico con la participación de activistas, periodistas, buscadoras, organismos no gubernamentales y representantes del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Te recomendamos → Dan último adiós a María Guadalupe Alcalá, cuyos restos permanecieron 8 años en el Semefo

Dicho documento se puede consultar de manera digital en la página de cimacnoticias.com.mx

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Periodistas, activistas y buscadoras de personas desaparecidas se enfrentan a la violencia y estigmatización del aparato burocrático de Jalisco.

Advierten, en el 2023 a nivel nacional, la entidad se ubicó en el quinto lugar con más agresiones contra mujeres periodistas, quiénes viven prácticas de acoso e intimidación por distintas vías, como la desacreditación a través de los medios de comunicación, así como los seguimientos y las amenazas directas y las agresiones físicas tanto a las personas defensoras y periodistas como a sus familiares.

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La periodista Sonia Serrano Iñiguez se refirió al gremio periodístico de mujeres.

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Advierte que al atacar a una periodista o activista se ataca a la sociedad, recordó los casos de la periodista de Puerto Vallarta que fue atacada, Susana Carreño y de los asesinatos de la abogada y activista de Tonalá, Verónica Guerrero y de la activista cuidadora de Zapopan, Luz Raquel Padilla.

“¿Por qué poner el foco precisamente en esos actores sociales? La respuesta es simple los ataques en estos casos son derivados de la labor que realizamos, pero además en efecto de la violencia se multiplica porque el ataque a una periodista o a una defensora de Derechos Humanos no es solo contra la persona sino contra la causa que está detrás por lo que la afectación no es personal sino social”.

Asimismo se refirió a la ley estatal para la protección de personas defensoras de que no se haya aplicado a casos concretos.

Por su parte, la activista Indira Navarro Lugo, fundadora de Guerreros, Buscadores de Jalisco, describió los actos violentos que han vivido por policías municipales y grupos del crimen organizado a la vez, denunció una gran cantidad de fosas clandestinas que son denunciadas por la sociedad.

“La inseguridad y el riesgo para las y los buscadores, amenazas, situaciones de peligro que hemos enfrentado. Hay que recalcar que hacer víctimas de este delito las familias se convierten en defensora de los Derechos especialmente En búsqueda de personas desaparecida y nos encontramos en situación de riesgo y vulnerables qué somos

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“A pesar de que Jalisco cuenta con un marco jurídico e institucional de atención y reparación de delitos y violaciones a los Derechos Humanos existe un vacío no existe una política integral de protección mucho menos una con perspectiva de género, un vacío importante cuando se trata de responder a los distintos impactos que genera ejercer el periodismo y la defensa de Derechos Humanos en un contexto como el que se vive en esta entidad federativa. No existe una dependencia específica que asuma las funciones del mecanismo de protección”.

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En el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas se dieron a conocer los resultados del diagnóstico con la participación de activistas, periodistas, buscadoras, organismos no gubernamentales y representantes del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

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