El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Alfonso Hernández Barrón, dio a conocer amplio informe de las 48 horas después de que se hizo evidente el video que capta el momento en que fue detenido Giovanni López en Ixtlahuacán de los Membrillos, quien ya no regresó con vida a su casa, y sobre los hechos de viernes aseguró que hay elementos para poder considerar una desaparición forzada de personas.
Expresó que se ha dado de todos en estos días: Desde obstáculos para que el personal de la CEDHJ no pudiera realizar su trabajo hasta errores operativos como enviar al personal de seguridad sin sus equipos ni aplicar protocolos.
Caso Giovanni. - La defensoría de los Derechos Humanos dio a conocer que visitaron la casa del ahora fallecido en el fraccionamiento los Olivos, en Ixtlahuacán de los Membrillos, una de las zonas marginas y sin servicios del AMG.
Se estableció que desde que ingresó a los separos de la policía de Ixtlahuacán de los Membrillos el joven no se encontraba en buen estado de salud, el alcaide así lo asentó, como también que los policías asentaron en su parte que el muchacho presentó resistencia y se tuvo que hacer uso de la fuerza pública.
Chécalo:
El parte médico fue elaborado 27 minutos antes de que ingresara a los separos -no hay congruencia en los horarios y contradice lo que señala el parte informativo de la policía- y se asentó que tenía lesiones en el ojo izquierdo, tórax, múltiples contusiones y recomendó radiografías de cráneo y región abdominal.
Un dato importante: El médico que hizo ese parte médico reconoció que fue a una distancia de dos metros y no presentaba ninguna otra herida. No obstante, la distancia, alcanzó a percibir que estaba bajo los efectos de alguna droga o bebida alcohólica.
Adelantó el ombudsman que “Será una recomendación por la gravedad de estos hechos y podrá aumentar con precisión quienes son los responsables; lo que ni duda queda es el deber de reparar el daño y eso corresponde a las autoridades municipales, sobre el ayuntamiento de Ixtlahuacán insistió "no hay forma de que evada la responsabilidad que tiene sobre la muerte de Giovanni López Ramírez, de 30 años, joven albañil y reconocido por sus vecinos como una persona tranquila".
Dio a conocer que Están solicitando como medidas cautelares para que se concrete de manera inmediata la investigación bajo el principio de participación conjunta y se llame a cuentas a las y los servidores públicos tanto del ámbito municipal como del ámbito estatal, es decir, de la fiscalía.
Además, está recomendando protección a familiares de Giovanni López y dar vista de la carpeta a la Comisión de Atención a Víctimas para seguimiento legal.
Chécalo:
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco también dio a conocer posibles conductas que reúnen a conocer los elementos de la desaparición forzada, condena enérgicamente ello y el abuso de autoridad. "Los cuáles fueron cometidos en agravio de las personas que pretendían manifestarse pacíficamente".
Reiteró Alfonso Hernández Barrón que hay casos graves de violaciones de derechos humanos y hay que identificar a todos los involucrados, incluyendo altos mandos.
Los 28 detenidos con afectaciones psicológicas: CEDHJ, Cuestionó las agresiones a policías y el uso inadecuado de la fuerza hacia los detenidos, que fueron golpeados y les provocaron lesiones.
En el caso de las detenciones del viernes detalló que los agentes usaron placas ocultas, se llevaron a los detenidos a lugares lejanos, les quitaron sus pertenencias y cuando fueron a la fiscalía a recuperarlas, no se las entregaron completas.
Insistió en la desaparición forzada donde un elemento crucial puede ser el hecho de que no se registraron nombres y datos de algunos de los jóvenes detenidos.
Reiteró que la CEDHJ destinó a 80 servidores públicos durante estos tres días y en la fiscalía encontraron obstáculos para desarrollar el trabajo, que posteriormente detallará. No se dieron todas las condiciones.
El viernes además se detuvo a otras 11 personas en palacio de gobierno y estas fueron enviadas a la Fiscalía General de la República, donde no les dieron acceso bajo el argumento de que era una autoridad estatal. La CNDH fue enterrada y tuvo que intervenir, aunque lo hizo 24 horas después.