Recrimina la presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género,la diputada Sofía García Esqueda, el incumplimiento a las reformas a las leyes para protección de las mujeres víctimas de violencia como es el sistema de monitoreo electrónico como son los brazaletes.
También hizo la crítica que a estas alturas no se conozca la cifra real de órdenes de protección, ya que por una parte Zapopan dice emitió tres mil órdenes, Fela Pelayo, secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres que son 948 y Candelaria Ochoa de Conovavin, 18 mil.
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El día 21 de marzo se publicó en el periódico oficial del Estado de Jalisco la iniciativa de reforma a la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal del Estado de Jalisco sobre las órdenes de protección y el uso de sistemas de monitoreo electrónicos, a partir de ese momento, deberá el Ejecutivo realizar lo siguiente:
- Georreferenciar las órdenes de protección utilizando C4 y C5.
- Generar una base de datos única de todas las órdenes de protección emitidas por la entidad. (Ante la inexistencia de cifras reales de las órdenes de protección emitidas por parte de las autoridades municipales o estatal.
Sin embargo este sistema de monitoreo no se ha cumplido.
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Es "irresponsable decir, que es culpa de la sociedad, hechos como el del lamentable feminicidio de Vanessa Gaytán Ochoa. No se puede evadir la responsabilidad de los diferentes niveles de gobierno: la incompetencia de las autoridades es inadmisible. "948 mujeres cuentan con orden de protección en Jalisco, lo que es el equivalente a una inversión de 70 millones de pesos para la compra de los brazaletes. "Yo pregunto al Ejecutivo, No consideraría esta una inversión prioritaria por la seguridad de las 948 mujeres que, en Jalisco ¿temen por su vida en estos momentos? Y estoy hablando de las que tienen una orden de protección".
Agregó la legisladora priista: "No solo basta que la autoridad conozca la problemática con cifras alarmantes, hay que informar; es por eso que en el segundo punto veo como urgente la implementación de una campaña informativa por parte del ejecutivo y municipios, para promover los protocolos de actuación en casos de violencia".
- Presentara iniciativa para que sea sancionado con prisión de 6 meses a 3 años de prisión, a 30 a 200 unidad la inhabilitación para desempeñar otro cargo al servidor o servidora pública que impida, obstaculice, entorpezca, no atienda o deje de atender, o niegue una orden de protección a cualquier mujer o cualquier acto o procedimiento que impida el acceso a la justicia de las mujeres.
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