La Reforma 2.0 Anticorrupción es regresiva, echa abajo las conquistas de la sociedad civil organizada, atenta contra la autonomía del Comité de Participación Social (CPS), limitan a los órganos internos de control, y la Unidad de Inteligencia Financiera puede ser utilizada para fines políticos y no se incluyen delitos en desarrollos urbanos, ni corrupción en negocios y deportes.
Esta reforma queda a deber, señaló el CPS del Sistema Estatal Anticorrupción.
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Las funciones de inteligencia financiera ahora se contemplan para la Secretaría de Hacienda Pública, dependiente del Poder Ejecutivo, podría ser utilizado con fines políticos.
El servicio profesional de carrera que se incorpora en la contrarreforma, es opuesto al que se propuso desde la Reforma 2.0 el cual privilegia el mérito, la capacidad, integridad y paridad en los cargos, indicó.
Las ausencias, refiere que no se crea la Ley de Designaciones Públicas, tampoco se incluye el periodo de un año para elaborarla con la participación de la sociedad civil y especialistas.
No se dota a la Fiscalía Anticorrupción de una Unidad de Investigación de Hechos de corrupción como se propuso, con lo cual no podrá seguir la ruta del dinero mal habido y acreditar delitos relacionados con tramas de corrupción.
No se incluyeron los delitos: a) Contra el Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, b) Corrupción en los negocios y el deporte.
La Reforma 2.0 que el Legislativo somete a su aprobación este viernes en sesión extraordinaria , indicó que el problema es que la propuesta a aprobar, aunque contempla cuantitativamente muchas de las presentadas por la academia y sociedad civil, "las más importantes, las que hacían la diferencia en el combate a la corrupción no solo no fueron incorporadas, además, encontramos regresiones evidentes que echan abajo conquistas principalmente de la sociedad civil organizada en este temas".
Los problemas principales que destaca el CPS son:
-Se vulnera la independencia del CPS al establecer un mecanismo político de remoción de sus integrantes vía la Comisión de Selección, este último organismo podría perder su vocación ciudadana y convertirse en instrumento de disputas de poder.
-La cancelación de los honorarios del CPS afecta su autonomía; además de la dificultad de integrar perfiles especializados, también se afecta su funcionamiento ya que sus integrantes sufragan todos los gastos operativos del organismo, incluido el pago de sus Secretaría Técnica y los litigios judiciales.
-Se limita la autonomía de gestión de los Órganos Internos de Control (OIC) al desaparecer la atribución de nombrar y remover a su personal.
