La creación en el estado de una Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Tortura y Delitos Vinculados sigue siendo una deuda legislativa hacia los jaliscienses, aseguró la diputada local del Partido Acción Nacional Mirelle Montes Agredano quien urgió a los integrantes de la actual 63° Legislatura a resarcir esa omisión y acelerar la implementación de un marco legal que se enfoque en el tema, mejore los mecanismos de impartición de justicia y fortalezca con ello el estado de derecho.
Recordó que en el año 2017 se expidió la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. En dicha Ley los artículos 55 y 56 y el Transitorio Sexto, ordenaba tanto a la Federación como a las entidades tener operando en un plazo de noventa días a partir de la entrada en vigencia de la Ley las Fiscalías Especializadas.
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Ante ello la diputada anunció que esta misma semana elevará ante el pleno legislativo una iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política; de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; de la Ley Orgánica de la Fiscalía y de la Ley para Prevenir, Sancionar, Erradicar y Reparar la Tortura y otros Tratos o Penas crueles e Inhumanos o degradantes, todos del Estado de Jalisco, con el objeto de crear la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Tortura y Delitos Vinculados.
"Jalisco debió crear e iniciar las operaciones la Fiscalía Especializada para la investigación del delito de la tortura, a más tardar en septiembre del mismo año, situación que no ocurrió. El argumento utilizado en aquel entonces fue la falta de presupuesto para crear la Fiscalía Especializada y que esta entrara en funciones", argumentó la legisladora de la Bancada Joven de AN.
"Tan solo se aprobó el 4 de diciembre de 2018 el Decreto 27214/LXII/18, en el cual se establecía la Unidad Especializada en investigación del delito de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes de la Fiscalía del Estado", reconoció.
Por otra parte debe decirse que existe una diferencia funcional y estructural entre "unidades administrativas" y "fiscalías especializadas": las primeras se encuentran bajo control de un superior jerárquico, en este caso en particular, el Fiscal de Derechos Humanos, mientras que la segunda, funciona con autonomía técnica, de gestión, administrativa, operativa y presupuestal.
Hoy, la corte suprema del país, ha emitido una orden al Ejecutivo y al Congreso de Jalisco para que realice las gestiones necesarias e inicie el proceso legislativo en la materia, lo antes posible. Este ordenamiento ha sido el resultado de un recurso interpuesto por civiles, explicó Montes Agredano:
"En 2021, un ciudadano, promovió Juicio de Amparo, para que se legislara en la materia. Después de cumplir con la cadena judicial, llegó a la Suprema Corte y, el 31 de enero de 2024, la Segunda Sala de la Corte dijo que tanto el Ejecutivo, como el Congreso habían incurrido en omisión legislativa en ese asunto".
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