La dirigencia del partido político Hagamos reconoce las intenciones del Gobierno de Jalisco en garantizar la seguridad de la población de la Zona Metropolitana de Guadalajara con la implementación la estrategia “Módulo seguro, por una ciudad tranquila”; sin embargo, existe una preocupación a la estrategia ante una posible violación de derechos humanos a las y los transeúntes.
Dicha estrategia, anunciada el miércoles pasado por el Gobernador del Estado, presidentes municipales metropolitanos e instancias del gobierno federal, busca inhibir la presencia de armas ilegales en la vía pública con la presencia de las “volantas” a través de las corporaciones de Seguridad Pública, Ejército y Guardia Nacional, bajo el nombre de “Módulo seguro, por una ciudad tranquila” se implementará a partir de hoy viernes.
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Si bien la situación de seguridad pública ha desbordado y se encuentra fuera de control como lo ha denunciado en numerosas ocasiones, Hagamos considera que estas acciones deben implementarse bajo una estrategia integral que contemple el respeto irrestricto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas.
El regreso de las volantas, sin la debida capacitación y seguimiento a los operativos, abre la posibilidad de detenciones ilegales, victimización, criminalización y ataques al principio de presunción de inocencia que debe prevalecer en el cumplimiento al sistema de justicia penal vigente.
Hagamos celebra la coordinación entre instancias y órdenes de gobierno en el esfuerzo por recuperar la tranquilidad de las y los jaliscienses, pero insta a los gobiernos a conducirse con respeto a los derechos humanos y exige que, así como se observará con la presencia de elementos de diversos organismos de seguridad y el apoyo de la propia Subsecretaría de Derechos Humanos del gobierno estatal, se cuente con la participación y supervisión de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) en estos operativos, además de solicitar a organismos de la sociedad civil organizada la observancia en la estrategia en la prevención de posibles violaciones a las garantías fundamentales.