A fin de revertir una obligatoriedad que cobrará efecto a partir del siguiente año, respecto a ejercer la profesión con una cédula local sujeta a una certificación, la fracción parlamentaria de Hagamos en el Congreso de Jalisco impulsará reformas a la Ley para el Ejercicio de las Actividades Profesionales.

Con la presencia de representantes de colegios de abogados, el diputado Enrique Velázquez recordó que, tras reformas hechas en 2018, a partir del siguiente año la ley que quieren reformar exigirá como requisito una cédula local, para ejercer ciertas profesiones, que estará vigente en tanto se pase un procedimiento de certificación profesional continuo, el cual tendrá un costo.

"Se busca en esta iniciativa que no sea una condicionante, como lo han venido proponiendo, expedir una cédula profesional que se pueda tener por una capacitación que colegios estarían facultados a impartir pero que limitaría de manera clara la posibilidad de ejercer el derecho al trabajo. Creemos que si ya una universidad expidió un título sería suficiente para poder ejercer ese trabajo".

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La certificación profesional que será obligatoria en 2023 se deberá realizar cada cinco años y quienes estarán sujetos a hacerla serán los del área de salud, ingenieros, arquitectos, contadores y abogados. Sin embargo, a decir del legislador, los médicos -por ejemplo- pasan por años de estudios y preparación que deberían ser suficientes para ejercer.

"No estamos en contra de que se hagan estas certificaciones, los mismos colegios pueden capacitar a sus agremiados con la intención de que sea un plus. En el caso de los abogados, que hay muchas especialidades como mercantil, civil o penal, ¿cómo podrían demostrar su actualización si nada más le darían la posibilidad de ejercer la profesión en una sola rama? Hay muchas lagunas, la misma dirección de profesiones no lo entiende bien cómo se va a echar andar. Esto generaría un problema que limitaría a los profesionistas en el tema del derecho al trabajo", insistió.

Representantes de colegios de abogados expresaron por su parte que la obligatoriedad de esta certificación es inconstitucional, en tanto que la diputada Mara Robles reiteró en que no están en contra de la profesionalización, sino de la forma en la que el estado quiere llevar a cabo este tema, sobre todo porque pareciera que se quiere lucrar.

"Nuestra iniciativa no pretende evitar la actualización, lo que nosotros queremos es que no se lucre con la actualización y que los procesos de certificación no se conviertan en una simulación que, como se ha dicho aquí, extorsione a los profesionistas (...). Esta es una propuesta para fortalecer a los colegios, para fortalecer la actualización, pero creemos que la certificación no se tiene que convertir en un chantaje y en una medida de corrupción para impedir el libre ejercicio de la profesión".

La propuesta de reforma a varios artículos contempla eliminar la certificación obligatoria como condicionante para el ejercicio de la profesión, a fin de que la cédula profesional recupere su carácter de patente definitiva.