Alegó que padece de Covid-19, pero no presentó pruebas médicas consistentes y es por ello que se le dio por sustraído de la justicia. La Fiscalía del Estado ya solicitó orden de aprehensión y ficha roja a Interpol, para que José de Jesús N. no pueda abandonar el país.
El abogado Oscar Díaz, representante de la menor ofendida, destacó que intentó de todo, desde el lunes por la tarde, para no comparecer y ya antes había hecho lo mismo en otro juicio que se le sigue en un juzgado familiar.
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“La semana pasada que tuvo una audiencia en un juzgado familiar de la primera demanda de reconocimiento de la paternidad de los hijos que tiene con la señora Blanca, señalaron una audiencia de conciliación y no fue, y ahora pretendió que se difiriera la audiencia del día de hoy y presentó un documento bastante apócrifo donde dice que tiene Covid-19, pero la juez no le compró su argucia y le dijo que ese no era motivo para diferir la audiencia y que debería presentarse”.
Eso fue el lunes por la tarde y ya por la noche los abogados interpusieron el recurso de revocación que la juzgadora resolvió el miércoles por la mañana, muy temprano, negándole el derecho a ausentarse y en cambio le dijo que no había argumento alguno para que no estuviera en la audiencia.
Se destacó en la resolución que el médico nunca aclaró si estaba en etapa de contagio, la prueba era de antígenos y no de PCR y además no se detallaron otros síntomas que pudiera haber presentado.
Dieron las 08:30 de mañana y simplemente no se presentó ante la Vigésima Primera Especializada en Control, Enjuiciamiento y justicia Integral para Adolescentes, maestra Norma Angélica Lomelí Barajas.
El abogado coadyuvante con la Fiscalía expresó en ese sentido: “Se da por injustificada su inasistencia y la consecuencia es que el Código establece que hay que llevar pasar a las demás formas de llevar ante un juez, a un imputado, y lo que sigue es que se dicte una orden de aprehensión en contra de este sujeto, para que se le busque, se le localice y se lleve mediante el uso de la fuerza pública, ante el juez que lo requiere”.
Aseguran que el ex magistrado tiene los medios económicos y personales para evadir la justicia, por lo que se ha emitido ya la orden de aprehensión y una ficha roja ante la interpol, para evitar que salga del país.
El magistrado, en caso de ser imputado, tendría que enfrentar la prisión preventiva en tanto lo que dura el juicio y de ser encontrado culpable alcanzaría de 5 a 12 años de prisión, por los delitos de abuso sexual infantil agravado y corrupción de menores.
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