Tras el asesinato de un estudiante de medicina junto con un compañero de la Secretaría de Salud, en el traslado de una mujer embarazada a un hospital de Zacatecas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) solicitó se analicen los puntos de asignación, posibles riesgos y apliquen otras medidas para garantizar su seguridad.
Luego de este suceso sobrevinieron acciones de protesta y un paro de labores en el hospital, en compañía de familiares, estudiantes prestadores de servicio social y sociedad en general; así como la culminación de una marcha para exigir a las autoridades competentes justicia por la muerte de sus compañeros, protestar por la inseguridad que se registra en la zona norte del Estado y, en particular, por las deplorables condiciones que debe enfrentar día a día la población estudiantil de las áreas de la salud de universidades públicas y privadas al momento de realizar su servicio social, prácticas profesionales e internados en los centros de salud donde hay altos índices de violencia.
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La CEDHJ en ese sentido destacó la relevancia que tiene la comunidad estudiantil de las áreas médicas en el aseguramiento del derecho humano a la salud de muchas poblaciones fuera de las áreas metropolitanas, ya que la comunidad estudiantil en muchas ocasiones representa el único contacto con personal médico especializado.
Refiere la defensoría de los derechos humanos que le ha dado seguimiento al caso recabando testimonios de la precariedad en las que realizan su labor de servicio, algunas de ellas denunciaron actos de violencia sexual, explotación y amenazas, que reciben durante esta etapa de su formación, donde, incluso deben permanecer y estar disponibles las 24 horas del día.
El caso del estudiante de servicio social de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara, lamentablemente, no es único y aislado en el país, pues lo han antecedido otros de universidades de Chiapas, Durango y Zacatecas.
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A casi diez días de la muerte de los profesionistas de salud adscritos al Hospital de Huejuquilla, nuevamente en una carretera que conecta a los municipios de Valparaíso y Jerez, en Zacatecas, fue asesinada una radióloga por negarse a detener su auto en un retén montado por hombres armados, quienes la persiguieron y dispararon, provocando que su vehículo se volcara.
Recordó la CEDHJ que desde marzo de este año ha venido realizando diversos pronunciamientos en torno a la falta de seguridad pública en la zona norte del Estado, y solicitado a los gobiernos federal y de Jalisco el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación entre las instancias de seguridad pública para proteger a quienes habitan y transitan por ese territorio.
En ese sentido, realizó un nuevo llamado a las autoridades para que actúen con inmediatez dentro de los parámetros de la debida diligencia en la integración de las investigaciones, lleguen al esclarecimiento histórico de los hechos, ejecuten las sanciones correspondientes a los presuntos implicados y realicen la reparación del daño integral para los familiares de las víctimas.
“Lo anterior sin dejar de mencionar los estándares mínimos e indispensables que refiere la justa garantía de no repetición a favor de la población estudiantil que se encuentra en una situación de vulnerabilidad y riesgo al momento de realizar su servicio profesional médico”, destaca el pronunciamiento.
La CEDHJ además urge a la acción de autoridades gubernamentales y educativas para que se replantee la esencia del servicio social de todas las carreras relacionadas a las áreas médicas, se reforme y deje de ser una estrategia para reemplazar personal profesional y capacitado sobre todo en las zonas rurales por pasantes, donde el Estado tiene la obligación de contratar a profesionales e incentivar su permanencia con mayores prestaciones y salarios.
Al Ejecutivo Estatal le está solicitando “Contribuya a fortalecer la coordinación para prevenir y combatir la inseguridad y las violencias que enfrenta la población estudiantil de las universidades públicas y privadas pertenecientes a las áreas de la salud que brindan una prestación del servicio profesional relativo al abocamiento del servicio social, prácticas profesionales o internados dentro de los centros de salud adscritos a la Secretaría de Salud Pública del Estado, para que, en concertación con las autoridades municipales, se robustezcan y mejoren los mecanismos de enlace, que deberán ser efectivos y evaluables, con la intención de que se logre consolidar las condiciones mínimas de seguridad en el ejercicio profesional de la salud”.
Como también que se pongan en marcha monitoreos permanentes de incidencia delictiva en los entornos de los centros de salud adscritos a la Secretaría de Salud del Estado, en particular en las zonas rurales, con el fin de evaluar la inseguridad y se fortalezcan las estrategias que permitan garantizar tanto a personas usuarias como a estudiantes y profesionistas de la salud su integridad y seguridad personal.
Al fiscal del Estado le está solicitando coadyuve en todo momento con su homólogo del Estado de Zacatecas en la integración de la carpeta de investigación referente a los hechos en la que perdieron la vida los referidos prestadores de servicio de salud, a fin de que se esclarezca el hecho delictivo y se castigue penalmente a los responsables, y a las y los presidentes municipales de los 125 ayuntamientos que se sumen y den impulso para que incluyan en sus programas operativos, políticas tendentes a prevenir el delito, proponiendo el enfoque preventivo de la inseguridad y violencia que enfrentan la población estudiantil adscrita a la prestación del servicio médico en los centros de salud que se encuentran dentro de sus municipios.
Mientras que a las y los rectores de las universidades públicas y privadas del Estado: Se revise cada caso particular del estudiantado inscrito a su casa de estudio y en etapa de servicio social, para analizar y evaluar en forma conjunta si existe alguna situación de riesgo por esta actividad curricular y, en caso de que esta represente un riesgo, se brinden alternativas a quienes así lo soliciten.
