TEPIC, Nayarit (OEM-Informex).- Tras el fraude descubierto del Infonavit que afectó a miles de familias y en el que integrantes del Poder Judicial de Nayarit están involucrados, este jueves por la tarde el fiscal general, Petronilo Díaz Ponce Medrano acudió al Congreso local a interponer una solicitud, para que les quiten el fuero a cuatro jueces y dos magistrados al existir suficiente evidencia para someterlos al procedimiento judicial.
Tras un año de investigación, señaló que encontraron que desde el 2013 al 2018 se realizó un convenio entre apoderados legales y servidores de Infonavit, despacho externo de abogados, así como funcionarios del Poder Judicial encabezados por el entonces magistrado presidente, Pedro Enríquez Soto, un magistrado más y cuatro jueces de primera instancia, diversos funcionarios judiciales y un notario, para llevar acabo de manera ilegal la ejecución hipotecaria de 60 mil casas ubicadas en Tamaulipas, Nayarit, Chihuahua, Sonora, Jalisco, Zacatecas y Sinaloa, confeccionando una simulación de juicios en cuatro Juzgados de Primera Instancia en los municipios de Xalisco, Compostela y Bahía de Banderas que concluyeron en la escritura de adjudicación de aproximadamente 40 mil casas.
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Hay indicios que la operación fue en dos etapas, la primera inició en 2013 y siguió hasta 2015 en los juzgados de Xalisco y Compostela. Oficialmente en los juzgados se tenían uno o dos procedimientos, mientras que en el despacho particular los abogados externos confeccionaban juicios espejos con miles de demandados, falsificándose constancias, sin notificaciones ni emplazamiento de los demandados y sin la intervención de Ministerio Público, concluyendo en sentencias de condena hipotecaria a favor de Infonavit y en contra de los trabajadores, así como la adjudicación de la actora por un 75% del valor del avalúo del inmueble y realización de las escrituras correspondientes con el mismo notario.
Las actuaciones se realizaban con personal contratado por el despacho externo, trabajando en dos edificios ubicados en Tepic y solamente se llevaban para formas de los jueces, secretarios y notificadores quienes ya estaban de acuerdo e instruidos por los dos Magistrados.
Hay información también de entrega de numerario en efectivo así como la promesa de algunas otras prestaciones.
La segunda etapa, comentó que se ejecutó en los dos Juzgados de Bucerías, municipio de Bahía de Banderas a finales del 2016, sin tener registro alguno en los libros de gobierno se confeccionaron expedientes con números consecutivos ficticios con demandas iniciales que el despacho externo realizaba los puestos acuerdos y notificaciones y solamente por volumen se llevaban para firma del juez y secretarios de acuerdo.
Los hechos anteriores, indicó que pudieran ser constitutivos de delitos de falsificación de documentos, fraude específico por simulación de acto jurídico, tráfico de influencias, asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, cohecho, peculado contra la administración de justicia cometido en la custodia de documentos, todo debidamente tipificado en el Código Penal del Estado de Nayarit.
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El funcionario afirmó que se le ordenó al Consejo de la Judicatura que investigue las posibles responsabilidades administrativas de estos servidores judiciales, así como de algunos otros secretarios de acuerdo, notificadores y personal administrativo, también se pidió al Colegio de Notarios en Nayarit para que investigue el actuar del notario involucrado y se solicitó el inmediato desglose de la carpeta de investigación a la PRG sobre los posibles delitos de su competencia como los previstos en la Ley de amparo y de otras conductas que pudieran constituir delitos federales.
Ya se tuvo comunicación con Infonavit, Sedatu, para que tomen cartas en el asunto en lo que corresponde a sus facultades.