Una mujer denunció violencia intrafamiliar ante las autoridades sin consecuencias y terminó muerta en manos de su pareja. Hoy tan grave omisión tendrá consecuencias, al menos a eso se comprometen tanto la Fiscalía General del Estado como el Gobierno municipal de Tonalá que aceptaron en todos sus puntos la recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco. Es la Recomendación 3/2019, en la que se comprobó que tanto personal estatal como municipal no dio cumplimiento a las medidas de protección a una víctima de violencia intrafamiliar que falleció por esa causa.

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Recuerda el ombudsman que la resolución dictamina la violación de los derechos a la vida, al respeto a la integridad física y psíquica, a la libertad y a la seguridad personales, por la obligación de garantía al respeto a la dignidad inherente a su persona y al derecho a una vida libre de violencia y de toda forma de discriminación; el derecho a la legalidad y seguridad jurídica, con relación a los derechos de las víctimas de delitos y de violaciones de derechos humanos.

Un crimen que no debió ocurrir

El caso resulta indignante. Ha dado la vuelta al mundo dicha noticia e incluso Amnistía Internacional tuvo que intervenir.

Y es que representa además la frustración de la familia de la víctima, que en su momento atestiguó cómo la joven buscó la protección de las autoridades tanto a nivel estatal como municipal y al final fue asesinada. El responsable de estos hechos, por si fuera poco, se dio a la fuga.

De ahí que, sin dudarlo, la Fiscalía estatal y el Ayuntamiento de Tonalá aceptaron las recomendaciones en las que se pide la reparación integral del daño, en el sentido de que solicitarán a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Jalisco que realice los trámites para realizar el pago de la compensación.

Estas dos dependencias pedirán a sus áreas competentes, en el caso de la Fiscalía al Centro de Atención y Protección a Ofendidos, Víctimas y Testigos del Delito, para que brinden atención médica y psicológica especializada por el tiempo que sea necesario a las y los familiares de la víctima.

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Además, instruirán al órgano interno de control de Tonalá y a la Contraloría Interna de la Fiscalía Estatal para que se inicie el procedimiento de responsabilidad en contra del personal involucrado de sus dependencias. Además, aceptaron realizar acciones para fortalecer programas permanentes de capacitación y, en el caso de la Fiscalía, realizar un análisis integral de la institución para que se atiendan de forma efectiva las necesidades de recursos humanos, técnicos y materiales a fin de garantizar una efectiva seguridad y protección a las víctimas.

Previamente, las diputadas y diputados de las comisiones de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, Igualdad Sustantiva y de Género, Estudios Legislativos y Reglamentos del Congreso del Estado aceptaron la petición y realizarán una revisión a las legislaciones correspondientes, con el objeto de adoptar y armonizar las reformas legislativas necesarias para que se determinen con claridad y precisión la homologación de órdenes y medidas de protección para dar seguimiento a la protección y salvaguarda de una víctima.

Mientras que las autoridades de Tonalá armonizarán el Reglamento Interno de la Comisaría de Seguridad Pública, para que incorpore un modelo estandarizado de seguimiento a las órdenes o medidas de protección; implementarán un plan de seguridad que sea insumo clave en las labores del seguimiento de órdenes o medidas de protección; Seguridad Pública aplicará estrategias que brinden un marco de protección a las víctimas de violencia de género y establecerán un protocolo para brindar mayor seguridad.

Darán seguimiento a medidas de protección

Se han comprometido a crear un sistema electrónico en el que se actualicen continuamente las acciones, avances y seguimiento que se den a las órdenes o medidas de protección y se actualizarán los sistemas electrónicos de la base de datos, así como un programa que sirva de apoyo para dar seguimiento a las medidas de protección desde las áreas correspondientes de la Comisaría de Seguridad Pública.

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La Fiscalía también está obligada a redactar y publicar un manual para la expedición y seguimiento de las órdenes y medidas de protección y actualizará el Expediente Único de la Víctima.

Mientras que el Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres, informó que lo acepta. También realizan los trabajos respectivos con dependencias estatales y federales. Además, ya trabajan en la elaboración de “La Guía de Seguimiento de Órdenes de Protección de Emergencia en el Estado de Jalisco”.