“Lograr que se aplique la paridad de género en los espacios políticos no ha sido sencillo, el caminar para llegar a los puestos de elección no ha sido fácil; aún falta camino por recorrer, como el tipificar la violencia política por razones de género”, señaló la diputada Sofía García Mosqueda, presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva.
A 66 años del reconocimiento del derecho al voto de la mujer, la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género conmemoró esta fecha significativa con el panel: “Reconocimiento del derecho al sufragio universal de las mujeres a la violencia política en razón de género: un obstáculo para la democracia”.
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Las aportaciones y propuestas que plantearon los expertos se analizarán para incluirlas en la iniciativa de reforma integral que presentó la legisladora para incorporar la definición de “violencia política” en tres reglamentaciones distintas: los códigos Electoral y Penal, y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La coordinadora de la Cátedra UNESCO Género, Liderazgo y Equidad, Rosa Rojas Paredes, reconoció que las mujeres en México representan una diversidad de circunstancias, “no es lo mismo hablar de una mujer de ciudad, una mujer rural o una mujer indígena; hay diferentes situaciones de vida que no son una debilidad, sino una fortaleza para avanzar hacia una ciudadanía plena con pluriculturalidad”.
La coordinadora de Cladem, Guadalupe Ramos Ponce, manifestó que a 66 años de aprobarse el voto de la mujer, es vergonzoso que el sector femenino esté excluido de los derechos constitucionales, ubicándolo sólo en cuestiones del cuidado del hogar.
Planteó a los legisladores luchen “porque las mujeres puedan elegir libremente si desean continúan con el embarazo, sobre su cuerpo y vida; por derogar del Código Penal el delito de aborto; por reformar el Código Civil para que se apruebe el matrimonio entre personas de cualquier preferencia sexual; así como legislar en torno a la violencia política”, entre otros.
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Beatriz Rangel Juárez, consejera del IEPC, se refirió a los nuevos paradigmas electorales para garantizar los derechos políticos de las mujeres en México. “La violencia política en razón de género es un obstáculo para lograr la paridad en la designación de las candidaturas, existen actos patriarcales para otorgar espacios políticos que evitan que las mujeres puedan acceder a los puestos de decisiones debido a los cotos de poder que prevalecen”.
El fiscal Especial en Materia de Delitos Electorales, Ricardo Suro Gutiérrez, habló sobre la violencia política como conducta punible; reiteró que el tema de la violencia en todos los ámbitos es preocupante; propuso realizar acciones gubernamentales a favor de las féminas para generar mejores condiciones de seguridad para ellas; involucrando al sexo masculino invitándolos a que se apropien de estrategias y proyectos a favor de las mujeres.
La magistrada Verónica Elizabeth Ucaranza Sánchez, titular de la Comisión Transitoria de Igualdad de Género y Derechos Humanos del STJ, destacó la importancia de que los entes públicos interactúen para garantizar la igualdad sustantiva; además plantea que las mujeres identifiquen todas las formas de violencia que existen para que puedan hacer la denuncia correspondiente.