La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitió un informe especial sobre las manifestaciones de los días 4, 5 y 6 de junio, donde concluyó la falta de protocolo en la actuación policial, que trajo como consecuencia la violación de los derechos humanos como detenciones ilegales y arbitrarias, desaparición de personas, atentado contra la libertad de reunión y la libre manifestación, lesiones, tortura, daños psicológicos, amenazas e intimidación, robo y daños en las cosas.
Chécalo:
Dentro del documento se hizo énfasis en que la CEDHJ dictó en su momento las medidas precautorias previas a las manifestaciones. Además, su personal siempre estuvo presente con la finalidad de documentar posibles violaciones a derechos humanos durante el desarrollo y avance de esa manifestación pública.
Su informe contempla datos sobre los tres momentos, en diferentes días y en distintos lugares: 4 de junio Palacio de Gobierno, 5 de junio en calle 14 y 6 de junio en Palacio de Gobierno.
Habla de abusos a policiacos, de detenidos, de daños y también de lesiones que sufrieron algunos policías, como el oficial que fue “incendiado”.
Podría interesarte:
Y expresa: “Con motivo de la última manifestación, personal de seguridad pública y de la Fiscalía Estatal realizó actos ilegales y represivos cometidos en agravio de las personas que pretendían manifestarse y de aquellas que, sin participar en dicha manifestación, fueron también víctimas. Ello consistió en privar de su libertad y ocultar a varias personas, subirlas por la fuerza a camionetas y vehículos sin placas, quitarles o destruirles sus pertenencias; particularmente teléfonos celulares, amenazarlos e intimidarlos con causarles daño, y llevarlos a diferentes lugares alejados del área de la manifestación donde los dejaron a su suerte y, en muchos casos, sin saberse de su paradero o destino”.
Sobre este mismo caso -que se dio el 5 de junio- el seguimiento y documentación de estos hechos fue complejo porque las acciones se realizaron en un amplio polígono, en lugares lejanos al punto donde había sido convocada la manifestación, ya que fue evidente el propósito de impedir que las personas llegaran al lugar de reunión, no obstante, con el apoyo de redes sociales se logró complementar la documentación de los hechos.
La Unidad de Análisis y Contexto de esta Comisión -dio a conocer la CEDHJ- recabó a través de redes sociales, 16 testimonios que narraron la implicación de 35 víctimas. De las personas detenidas, el 56.3% fueron hombres; el 43.8%, mujeres. Según la información que se aporta, se narra un rango de edad de 18 a 23 años. No obstante, también se contó a un menor de edad.
En los casos en los que se identificó el sitio donde las personas fueron detenidas ilegalmente, se mencionó la Avenida 8 de Julio (una de las principales vías de acceso hacia Fiscalía), seguido de la Calle 14 (localización de puerta principal de fiscalía); el resto se distribuye entre Calle 5, Lázaro Cárdenas y Colón (en proximidad a estación del tren ligero) y “cerca de fiscalía”. Los horarios aproximados de las detenciones, muestran un rango temporal que va de las 17:00 a las 18:15 horas.
También se desprende de más de la mitad de los testimonios de las personas, que fueron obligadas a abordar vehículos sin rotular, con placas falsas o sin éstas. Existen cinco testimonios que señalan una camioneta tipo van, con un logotipo comercial de “Banquetes Doña Mary”. Identifican la participación de 2, 6, 8 y 15 agentes que forzaron al abordaje de las camionetas. Un testimonio, que relata la agresión hacia un grupo de manifestantes, estimó la presencia de 50 policías.
Sobre la materialización de la violencia el 56.3% manifestó agresiones físicas o golpes, 37.5% denunció elementos equiparables a tortura (psicológica, con aseveraciones de que serían “desaparecidos” o “descuartizados”), 81.3% narró que fue amenazado(a).
También se identificaron cinco lugares en los que las víctimas fueron abandonadas, en grupos o en lo individual. Destaca la frecuencia de mención del “Cerro del Cuatro”, seguido de Toluquilla y Los Olivos, además de Las Pintas y el cruce de Periférico Sur y Avenida 8 de Julio.
Sobre el tercer día de manifestaciones, se dijo que ya por la noche, 22:00 horas, seis hombres mayores de edad, fueron detenidos en el centro de Guadalajara, luego de que un grupo de personas lanzaron objetos contra Palacio de Gobierno y confrontaron a elementos policiales.
Precisa que fueron “trasladados a la Fiscalía del Estado donde personal de esta defensoría estuvo presente. Se entrevistó a las seis personas y cinco de ellas presentaron queja y señalaron que fueron detenidas con uso excesivo de la fuerza y tener lesiones. Se dictaron medidas cautelares para salvaguardar su integridad física, garantizar su atención médica y para resolver su situación jurídica a la brevedad”.
También se resalta que los días 7 y 9 de junio se convocaron también manifestaciones, las cuales se desarrollaron sin mayores incidentes, con presencia de autoridades de protección civil, personal de vialidad y no se registraron detenciones.
Concluye sobre los hechos del 5 de junio que en las inmediaciones de la Fiscalía del Estado, policías investigadores impidieron a un número indeterminado de personas participar en la manifestación, con lo que violentaron sus derechos humanos a la libertad (detenciones ilegales y arbitrarias con actos de desaparición forzada de personas), a la libertad de reunión y libre manifestación de las ideas, a la legalidad (incomunicación), a la integridad y seguridad personal (lesiones, tortura y daño psicológico, amenazas e intimidación) a la propiedad o posesión (sustracción y daño de las pertenencias) y contra la dignidad de las personas manifestantes que fueron detenidas de manera ilegal.
Pero además sobre ésta y la del día 4 de junio, destacó: “Esta defensoría documentó serias violaciones a los derechos humanos de personas en situación de vulnerabilidad, ya que al menos quedó acreditado que ocho menores de edad y cuatro mujeres fueron privados de su libertad de manera arbitraria y con lujo de violencia, sumado a las víctimas de desaparición forzada de personas que aún no han sido plenamente determinadas”.
La CEDHJ está recomendando principalmente: “Se inicie, integre y resuelva, respectivamente, una investigación interna exhaustiva, completa e imparcial, para identificar a los servidores públicos, policías adscritos, mandos operativos y superiores que los días 4, 5 y 6 de junio de 2020, permitieron o realizaron los señalados actos violatorios de derechos humanos y, en su momento determinen quienes incurrieron por acción u omisión así como el grado y nivel de participación, y se les inicie, tramite y concluyan los procedimientos de responsabilidad administrativa correspondientes, en el que se garantice su derecho de audiencia y defensa”.
Te recomendamos:
Pero sobre todo se identifique quién ordenó “las detenciones ilegales, privación ilegal de la libertad, desapariciones forzadas, y abuso de autoridad. De igual forma a quienes enviaron a las manifestaciones y a los grupos de policías sin la protección ni implementos adecuados para intervenir en este tipo de situaciones, sin línea de mandos ni protocolos para el control de multitudes, y portando armas letales y haciendo uso de las llamadas “armas ciegas” que no distinguen entre personas agresoras, neutrales y ajenas a los hechos, pero que su empleo causa daños indiscriminadamente e implica riesgos para todas las personas, y, además, sin funcionarios con facultades de negociación y conciliación, lo que avivó el enfrentamiento de los elementos policiales con manifestantes”.
Se pide se identifique a las víctimas de las violaciones, se les de atención y se les repare el daño integral.
Además de que “Se realice un acto público en el que se haga un reconocimiento de responsabilidad satisfactorio en favor de las víctimas y, como garantía de no repetición, se ofrezca una disculpa con el compromiso de garantizar los derechos fundamentales de reunión, a la libre manifestación y a la protesta pacífica de toda persona en Jalisco”.
También involucra al Fiscal Especial en el Combate a la Corrupción para que “Instruya al personal que conoce de los probables hechos delictivos derivados de las manifestaciones del 4, 5 y 6 de junio de 2020, para que agoten los actos de investigación con el fin de lograr el esclarecimiento de los hechos, se identifique a los autores materiales e intelectuales y se sometan al procedimiento judicial respectivo para que se garantice a las víctimas el acceso a la verdad, a la justicia y la reparación integral del daño. Así como para que coadyuve con la Fiscalía General de la República en la investigación de los delitos del orden federal que resulten”.
Y termina con un llamado a los municipios: “Esta Comisión hace un respetuoso llamado a las autoridades y a la sociedad para que, en todo acto de manifestación o protesta, no se provoque ni se caiga en provocaciones que puedan redundar en actos violentos, para que el ejercicio de estas libertades permanezca pacífico que permita a los participantes la libre expresión de sus ideas”.
.jpeg "Cortesía (11).jpeg")
