Pese a que en Nayarit hay registro de 4 etnias, Wixárica, Nayeri, Tepehuanos y Mexicaneros, hasta el momento no se tiene un solo diputado local, ni Regidores en los Ayuntamientos, provenientes de alguna de estas, ante ello, colectivos indígenas exigen que se hagan las reformas pertinentes que les permita contar con representantes.
Zenón Muñoz, vocero de organizaciones y autoridades de pueblos originarios, comentó que son necesarias y urgentes los cambios a la Ley Electoral en materia político-electoral, para asegurar la representatividad indígena en el Congreso local y en los municipios con mayor población nativa.
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Esta petición, aclaró que forma parte de los 8 puntos integrados en el manifiesto que entregaron al Gobierno del Estado el pasado 12 de octubre “Día de la Raza”, mismas que tienen como fin que las comunidades pertenecientes a las diferentes etnias del Estado, tengan voz y voto.
El documento en mención señala el respeto al derecho a la consulta en aquellas acciones que se quieran emprender en sus zonas, así como la gestión de recursos y medios necesarios, para la traducción a su lengua de la Ley y Cultura Indígena de la Entidad y demás ordenamientos de relevancia, no solo escrito, sino también en audio.
De igual forma exigen continuar con el registro de centros ceremoniales y lugares sagrados, derecho consagrado en el último párrafo del artículo 51 de la Ley de Cultura Indígena, publicado el 08 de mayo del 2013 y aunado a ello, proponen que a la Coordinación de Asuntos Indígenas se le asigne un presupuesto, para llevar a cabo gestiones, al igual que actividades culturales y diversos apoyos. A la par piden que se asigne a un titular.
Debido a que tampoco tienen servidores públicos indígenas en las áreas de atención en las diferentes dependencias federales y estatales, quieren que al menos haya uno de ellos.
Para concluir, Zenón Muñoz, añadió que los dos últimos puntos, se refieren a que se adapte un sitio en la capital para vender su artesanía y sobre todo que haya peritos traductores e intérpretes, para los juicios y procedimientos legales, lo cual no se tiene en el Poder Judicial del Estado.
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