El Observatorio Ciudadano de la Participación Política de las Mujeres, Parité y más de una decena organismos civiles en Pro de los Derechos humanos de la Mujeres de Jalisco, exigen al Congreso estatal armonizar las leyes estatales con la Reforma Federal de Violencia Política en Razón de Género.
A unas horas de análisis y vencimiento del plazo (30 junio), la representante de Parité, Rosa María González Carranza llamó al Poder Legislativo aprobar una reforma estatal integral basada en las del Congreso de la Unión: Ley de Paridad de Género y la reforma Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género a fin de aplicarse en el próximo proceso electoral.
Subrayó que la reforma de Jalisco deberá estar basada en la Ley Modelo Interamericana y con la Federal bajo “contenidos estándar”; las organizaciones establecieron once puntos: concepto de violencia política contras las mujeres en razón de género “vida pública y política”, sanciones y una causal de nulidad en la elección.
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“Establecer sanciones ejemplares a las violencias cometidas por partidos políticos, aspirantes, precandidatos y candidatos, y ciudadanos en la materia, estableciendo agravantes en las acciones administrativas cuando se cometa contras mujeres indígenas en cualquier condición de vulnerabilidad, la perdida de derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o con la cancelación si ya estuviese registrado”, indicó González Carranza.
Por su parte, Paola Lazo Corvera, investigadora del ITESO e integrante de Cepad se pronunció por otorgar facultades al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Jalisco (IEPC) “para iniciar procedimientos sancionadores en contra de quienes cometan actos u omisiones constitutivas de violencia política en contra de las mujeres, así como para que en conjunto con el Tribunal puedan solicitar órdenes de protección y medidas cautelares correspondientes”, incluida la protección con escoltas.
Así como establecer entre los requisitos de elegibilidad para gobernador, diputado o presidente municipal “no estar condenado y ni haber estado condenado por violencia política contra las mujeres, no ser deudor alimentario, no haber sido condenado por violencia contra las mujeres”.
Por último, la activista e integrante de Cladem, Laura Plascencia, señaló también la importancia de fomentar la inclusión de las mujeres indígenas y que el 50% de las candidaturas en municipios con mayoría indígena sea para este sector, así como establecer medidas de reparación integral, indemnización a la víctima, restitución del cargo en caso de que fuera obligada a renunciar, una disculpa pública y garantizar medidas de no repetición.
Cada uno de los puntos fueron descritos durante una reunión digital para exigir al Poder Legislativo aprobar la reforma, en caso de omisión e incumplimiento, advierte la activista Diana Arredondo “deja desprotegida a las mujeres, porque les va a dificultar el camino para acceder a los mecanismos previstos por la reforma federal para defenderse y ser atendidas, y reparada las violaciones que sufran durante las contiendas y proceso electorales” finalizó.
