En la entidad, son 80 deudores alimentarios, de los cuales, cinco son funcionarios públicos, por lo que estos datos superan la realidad porque más de 250 mil madres de familia autónomas mantienen una lucha para que sus hijas e hijos tengan alimentos.
Denuncian que el problema se agudiza ante un sistema de justicia estatal que no vela por el interés superior de la niñez ante padres de familia que los abandonan sin una pensión de alimentos.
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Al momento de ingresar al Congreso de Jalisco para entregar un pliego petitorio y exhibir el tendedero de deudores, les cerraron las puertas.
Mientras eso sucede, las mujeres autónomas y activistas por los derechos humanos cierran la avenida Hidalgo para evitar el paso de automovilistas como una acción de protesta y exigencia para sancionar a deudores alimentarios.
Señalan que en el Senado de la República se aprobó una serie de reformas para sancionar a los deudores alimentarios, por lo que es necesario que el marco estatal en Jalisco también sea modificado y armonizado con las nuevas leyes.
Entre las activistas está Diana Luz Vázquez, promotora de Ley Sabina y las colectivas: Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria, Backhome y Las Paritaristas.
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