En el último año, para los estudiantes de la carrera de medicina en cualquier parte del país, cumplir con el servicio social o el internado, se convirtió en una práctica extrema, en un escenario hostil y cargado de una violencia extrema, capaz de arrebatarles la vida, como finalmente ocurrió con tres de sus futuras promesas. De ahí que hoy desde Jalisco sus compañeros lanzaron un grito de justicia, pero además de un “no” rotundo a las prácticas y menos en condiciones indignas e inseguras.
Estudiantes de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) -donde estudiaba Luis- y de la Universidad de Guadalajara, que acudieron en solidaridad, protestaron en Casa Jalisco y el hospital de Huejuquilla, de donde salió el estudiante a su cita con la muerte, en Fresnillo, Zacatecas.
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Recordaron ahí a Luis, que hace una semana aún vivía, se despidió de beso de sus padres y salió, sin saberlo, hasta su última misión.
Acompañado del arquitecto Octavio Romero, que hacía las veces de chofer de la unidad, salieron de Huejuquilla, Jalisco, a Fresnillo, Zacatecas, para llevar a una mujer con seis meses de embarazo, para una mejor atención médica, y ya no volvieron. Sus cuerpos, con heridas de arma de fuego, fueron encontrados al lado de la unidad oficial a la que le prendieron fuego.
Recordaron otros casos de pasantes de medicina donde no se ha hecho justicia. Mariana S.D. era una jovencita de 24 años, recién egresada de la carrera de medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas, que realizaba su servicio social en la comunidad de Nueva Palestina, municipio de Ocosingo, y fue asesinada por integrantes de esa comunidad.
O Jorge Alejandro López Rivas, que murió el 4 de enero en la sala donde 29 días antes se había contagiado de coronavirus. Era médico interno de pregrado en el hospital Doctor José María Rodríguez, en Ecatepec, y murió por complicaciones de la enfermedad, con la que, no obstante padecerla, fue obligado a seguir trabajando.
Para ellos exigieron justicia y “para los que seguimos vivos que tengamos garantías de seguridad”. Quien tratos dignos, que no se les ponga a realizar actividades que no les competen por falta de personal o por imposición de los superiores; pero sobre todo “porque es un deber constitucional y de los órganos del Estado, nos deben brindar seguridad que tanto alardean y a la que están obligados por la carta magna y la declaración de los derechos humanos”.
La carta menciona -a primera persona- “es inexplicable el dolor que embarga a nuestra familia sobre todo porque no hay una explicación, nuestro entendimiento no alcanza a comprender que pasó por la mente de los asesinos, al arrebatar sin motivo alguno mi vida.
Ni en la revolución -refiere el documento- hubo tantos muertos civiles inocentes como hoy ¿Dónde está la gobernabilidad de la que tanto esbozan y se jactan?”, termina el documento que cuestiona la política de seguridad de besos y abrazos, “¿cuándo a mi lo que me dieron son balazos?”.