Lamentó el diputado del PRD Quirino Velázquez que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) interpusiera el recurso de anticonstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la "muerte civil a corruptos" que él propuso y se aprobó por el Pleno del Congreso del Estado y entró en vigor en Jalisco.
"Estaremos planteando el acuerdo legislativo a la SCJN para enviar una explicación y justificación de lo que nosotros creemos que no nos parece excesiva", adelantó el legislador.
"No sé en qué país viva la CNDH, porque uno de sus argumentos es desproporcional la pena con el delito, cuando a nivel internacional los delitos de corrupción ya son de lesa humanidad y que la pena aislaba a las personas", añadió.
El legislador, apuntó que las sanciones no aísla a las personas como lo dice la CNDH, se dejó una pena de mínimos y máximos de 30 años a inhabilitación perpetua "y se está inhabilitando a lo que se refiere al servicio público", porque sí una empresa comete un acto de corrupción y es condenado, no se le inhabilita.
Las penas del acto de corrupción condenado se aplicó en 200 unidad de Medida de Actualización (UMA) y la máxima tiene doble penalidad de hasta 30 años a inhabilitación perpetua.
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