El Gobierno de Jalisco y el Ayuntamiento de Puerto Vallarta sostienen una batalla por administrar el agua, ambos están enfrascados en una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero ahora, denuncia el municipio, el Ejecutivo pretende por decreto quedarse con el Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta (SEAPAL), mientras que el municipio pretende recuperarlo. El asunto ya llegó incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación vía Controversia Constitucional.
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Y es que el propio Ayuntamiento de Puerto Vallarta, es insistente en la materia, pues se considera ya preparado para proceder a la administración de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado (SEAPAL).
Más aún, cuando esto es conforme a lo dispuesto en el Artículo 115 de la Constitución Política de nuestro país, reformado el 23 de diciembre del año 1999, mismo que le otorga facultades al Municipio para hacerlo.
De hecho, desde el pasado 22 de julio del 2016 el órgano colegiado en sesión de cabildo resolvió solicitar formalmente al Gobierno del estado, con fecha 5 de agosto del año 2016, la entrega del organismo operador del agua para que sea el Ayuntamiento quien lo administre y opere.
Se niega Gobierno del Estado a entregarlo
La respuesta por parte del Gobierno del estado fue en sentido negativo.
El municipio ha considerado la acción como una negativa de parte del Ejecutivo estatal a devolverle a los vallartenses la administración del SEAPAL.
Fue por ello que el Ayuntamiento de Puerto Vallarta presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la controversia constitucional 98/2016, para que -afirmó en su momento la autoridad municipal- sea el máximo de órgano de justicia en el país el que resuelva conforme a derecho y le dé la razón al municipio, en su carácter de ente autónomo, para sea éste quien otorgue estos servicios.
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El Gobierno de Jalisco ha alegado que el Ayuntamiento de Puerto Vallarta no ha clarificado la información respecto al estado que guardan los servicios públicos, algunos de ellos concesionados.
Desde el 3 de noviembre de 2016 mediante el oficio SAJ/2636-11/2016 solicitó cinco informaciones y desde entonces el municipio no ha dado respuesta.
Estas son las peticiones que debería responder el Gobierno municipal:
1. Estado que guarda la prestación de los servicios públicos a cargo del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.
2. Número y descripción de los servicios públicos que constitucionalmente compete prestar a este ayuntamiento y que se encuentran concesionados.
3. Fecha en la que se concesionaron servicios públicos municipales a los que se refiere el punto que antecede.
4. Causas que motivaron el otorgamiento de las concesiones de cada uno de los servicios públicos municipales antes referidos, remitiendo copias certificadas de los expedientes y trámites relacionados con dichas concesiones.
5. Estado que guarda la cuenta pública de la Administración Pública Municipal, así como un informe detallado de los activos, pasivos y sus pasivos contingentes.
Sacan decreto bajo la manga
El ayuntamiento de Puerto Vallarta denuncia que con fecha de 2 de octubre del 2018 el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, ha presentado ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado una iniciativa de decreto para que el Gobierno del estado siga administrando los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales del municipio de Puerto Vallarta.
Fundamenta ello en el artículo tercero transitorio del decreto que reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado el 23 de diciembre de 1999.
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Cita el mismo que “los gobiernos de los estados dispondrán de lo necesario para que la función o servicio público de que se trate, se transfiera al municipio de manera ordenada, conforme al programa de transferencia que presente el Gobierno del estado, en un plazo máximo de 90 días contados a partir de la recepción de la correspondiente solicitud”.
Por supuesto el Ayuntamiento considera que con ello se están violando diversas disposiciones legales establecidas en el Artículo 115 constitucional, que faculta en este momento a los ayuntamientos para hacerlo, además -sostiene el municipio en un documento- darle la espalda a los vallartenses con dichas acciones.