Fue un 7 de diciembre del 2021 cuando los jaliscienses se sorprendieron e indignaron debido a que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas reportó que, de acuerdo a las denuncias, el Estado superaba la cantidad de 15 mil personas desaparecidas y no encontradas. Hoy ya son 16 mil, el mismo número de estudiantes que este semestre ingresaron a la Universidad de Guadalajara a estudiar una carrera. La UdeG hizo un llamado al gobernador Enrique Alfaro a poner un alto a este delito.
Alcanzar esa cifra, que se contabiliza desde el 19 de marzo de 1964 -como lo dispuso en su momento el Registro Nacional de Personas Desaparecidas hasta la fecha, ha generado diversas reacciones entre organismos de la sociedad civil que han cuestionado la falta de apoyo de parte del gobierno del Estado, la ausencia de un presupuesto adecuado y el reciente incidente con las buscadoras de Sonora.
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El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) dio a conocer su posicionamiento, calificó la desaparición de personas como “alarmante” y comparó esa cifra con el número de estudiantes que ingresaron a una carrera universitaria este año en las 22 sedes de los centros universitarios de la Universidad de Guadalajara.
Añade que “Esto refleja que miles de personas han sido sustraídas de sus hogares o se desconoce su paradero, mientras sus familias realizan acciones de búsqueda e investigación en una entidad donde pocos resultados ha habido para reducir esta problemática”.
La Universidad de Guadalajara a través de su comité universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas también se pronunció y reiteró que detrás de cada 16 mil personas desaparecidas hay “16 mil probables víctimas de desaparición involuntaria, 16 mil tragedias familiares, 16 mil agrarios a toda la sociedad”.
Destacó que una de cuatro personas desaparecidas y no localizadas en Jalisco han ocurrido en los tres años y tres meses del actual gobierno del ingeniero Enrique Alfaro Ramírez.
Indica además que “Es urgente que el gobierno de Jalisco abandone su indolencia ante la tragedia y actúe ya, para ponerle freno” y refrenda que “negar lo evidente, ocultar datos, culpabilizar a las víctimas, desacreditar a los colectivos y administrar el problema, sin resolverlo, son acciones gravísimas por todo lo que está significando en pérdidas humanas, tragedias familiares y daño a la sociedad”.
Por último exhorta al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, a que “asuma su responsabilidad como titular del ejecutivo y ofrezca soluciones al problema, no se olvide que son responsables ante la ley tanto quienes cometen delitos como quienes tienen la obligación de actuar para evitarlos y no lo hacen”.
En tres meses y cuatro días, se sumaron mil más a la lista, algunas semanas con 13 desaparecidas y desaparecidos por día, otras hasta 17 diarios, pero al final un promedio de 333 por mes. Esto coloca al Estado de Jalisco en el lugar número uno a nivel nacional en personas desaparecidas.
Los propios vecinos siguieron reportando desapariciones y privaciones de la libertad masivas, en una sola noche, en Tlajomulco de Zúñiga.
En la lista, son los municipios de Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco los que encabezan la lista. El aumento de este delito, con relación al 2020, es de un 57%.
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