Aunque Ricardo Suro Gutiérrez, titular de la Fiscalía Especial en Materia de Delitos Electorales, destacó las acciones implementadas en su gestión para una mejor vida democrática en Jalisco, en los últimos ocho años esta dependencia no ha aplicado ni una sola sanción que ameritara cárcel.
Este viernes, en el Congreso de Jalisco, el fiscal electoral presentó su informe de actividades, en el que dio cuenta que en su administración (2015-2023) se recibieron alrededor de 800 denuncias por posibles delitos electorales.
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Al respecto, mencionó que en la mayoría de las carpetas de investigación no se acreditó ningún delito electoral. Recordó que no todos los delitos ameritan cárcel o prisión preventiva, aunque sí dijo que hubo sanciones administrativas y de reparación del daño.
"(De las 800 denuncias) terminarían dos o tres carpetas, como repito, derivadas de acuerdos reparatorios, pero no se judicializaron. Creo que tiene que ver con que los hechos que se denunciaban no siempre constituían delitos electorales y además los elementos de prueba que se acompañaban o con los que se contaban, no eran suficientes para judicializar algún asunto", justificó.
Recordó que en muchas ocasiones hay conductas en el proceso electoral que al calor del mismo se denuncian y que no necesariamente son delitos electorales. También, explicó que habido una mayor incidencia de denuncias por violencia política contra las mujeres -luego de que esto se tipificara-, y que en estos tiempos post electorales la mayoría de los casos tiene que ver con funcionarias que han dicho ser violentadas en su cargo público.
"Tenemos varias carpetas de investigación derivadas de estos actos. Algunas tienen que ver con el debate en los cabildos, que es donde hay una mayor incidencia, pero no necesariamente es un delito electoral. A veces en el calor del debate pues hace sentir que hay una agresión, sin embargo, es propio del ejercicio del cargo público", expresó.
Admitió la complejidad de la Ley General en Materia de delitos Electorales, ya que en la actualidad delitos no están tipificados con claridad ya que convergen muchos hechos y por lo tanto resultan difíciles de probar. En este sentido, concordó en que se podría mejorar la legislación.
"Tenemos una ley un tanto difusa para acreditar estos tipos penales (...). Creo que hay tareas pendientes como sería clarificar los tipos penales para que haya una mayor eficacia en la persecución de los delitos y por otro lado también robustecer la calidad de las denuncias, contar con los elementos de prueba necesarios para acreditar estos tipos penales y continuar con estas capacitaciones que también pueden contribuir a que las denuncias sean con mayor precisión, mayores datos de prueba para que puedan ser efectivas".
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