Una de las deudas del Estado ha sido el proteger a la infancia y la adolescencia. Desde el 2019 al 2023 aumentó cerca de 91 por ciento los delitos de violencia sexual; el mayor problema señala especialistas y activistas es que los casos no son detectados ni denunciados, aunado a la desconfianza que se tiene de las autoridades y de las propias estadísticas.
En territorio jalisciense al día ocho personas denuncian el delito de abuso sexual y entre una y dos por violación simple, sin embargo, pocos casos llegan a judicializarse debido al miedo que viven las víctimas y al nulo seguimiento por el Ministerio Público. De acuerdo con datos de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) ambos delitos son de mayor notificación en la entidad en comparación con otros hechos relacionados con el bien jurídico de la vida y la integridad.
Te recomendamos:
Detrás de una puerta de hogar y de una escuela se esconde una serie de historias de abuso y violación sexual. Las víctimas por años guardan silencio por temor a que no les crean y ser juzgadas. Rosa y Vane son hermanas, en la adolescencia fueron abusadas sexualmente por su padrastro. Se estima que siete de cada diez agresores están en casa. Hoy enfrentan una serie de secuelas emocionales y psicológicas graves: miedo, inseguridad, depresión y angustia.
Vane reconoce que cayó en las drogas, aunque acudió a terapia de rehabilitación “el miedo a caer es latente”. Cada una cuenta su historia por separado, coinciden que al expresar lo que vivieron la familia las juzgó; su mamá se quedó callada, mientras que el delito en la oscuridad duró por varios años.
“Fue algo horrible que tan solo recordarlo me da miedo volver a vivirlo. Es algo que no te recuperas, que no asimilas si apenas era una adolescente; lo más triste es que no tuve apoyo. No fue una ni dos veces nadie me creyó y me dijeron que solo inventaba cosas porque él (mi padrastro) a todos caía bien. Me salí de casa y fue para drogarme, para olvidar esos momentos”, narra la joven con un nudo en la garganta al decir que fue violada.
Su hermana menor Rosa fue víctima de abuso sexual, su padrastro la veía cuando se bañaba y al salir envuelta con la toalla la jalaba al cuarto para tocar sus partes íntimas y él repegar su miembro viril sobre su cuerpo.
“Me decía que me quitara la toalla, que me acostara en la cama y guardara silencio. Me tocaba primero suave y luego de manera brusca mis senos, mis nalgas y mi vagina, mientras él se masturbaba. Al principio lloraba, después solo me paralizaba para no sentir”.
El silencio y el miedo llevaron a las hermanas a salirse de casa al cumplir los 18 años, cada una tomó caminos diferentes. A sus 27 y 30 años tratan de que sus hijas e hijos no pasen por episodios de violencia sexual. Rosa está casada, pero vive con miedos y Vane es mamá soltera. La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes está considerada como una de las formas más graves de violencia, siendo uno de los delitos más ocultos en la familia, sociedad y en el sistema judicial. Resulta difícil conocer la cifra exacta, el subregistro es tan amplio y los datos que surgen son poco confiable debido a que son extraídos de las carpetas de investigación de las Agencias del Ministerio Público o de organizaciones civiles.
El experto en atención a víctimas Víctor Alejandro Nodal Silva manifestó los conteos son a partir de lógica oficializadas: “Tenemos información empírica de la poca judicialización procesal de las violencias en el estado de Jalisco y en México en general, esto quiere decir que cuando utilizamos como base la cantidad de carpetas de investigación para identificar el tipo de delito hay una serie de pasos metodológicos que hacen que el dato se poco confiable; no es la cantidad violencias sexuales que hay en el estado sino la cantidad que violencias: uno, que se denuncian; dos, a las que se abre una carpeta de investigación; tres, que son correctamente tipificadas por el ministerio público y cuatro, que son correctamente resguardadas y cuantificadas por las dependencias públicas que dan informes”.
Aumentan los casos de abuso sexual en Jalisco
Datos del SESNSP muestran que el abuso sexual y la violación escalan año con año en Jalisco: en el 2019 se cometieron dos mil 423 y 705; en 2020 fueron dos mil 137 y 369 casos; en el 2021, dos mil 383 y 517; en el 2022, se notificaron tres mil 292 y 485, y en once meses del 2023, la cifra se elevó a cuatro mil 629 y 467 casos, respectivamente. En el 2020 y 2021 en las unidades de salud se registraron 381 y 439 niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, respectivamente.
En tanto la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares muestra que en el 2016 hubo 300 mil 693 registros de violencia sexual y para el 2021 se elevó a 412 mil 777 mujeres menores de 15 años de ahí la llamada cifra negra ante la falta de un registro estatal único tanto del sistema judicial como de salud. La tasa de crecimiento de violencia sexual infantil de 2016 a 2021 en la entidad fue de 37.27 por ciento, un problema de seguridad pública y de salud.
Te puede interesar:
El también investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Víctor Nodal Silva cuestionó los datos de la Comisión Ejecutiva e Atención a Víctimas (CEAV) que en México cada año se cometen 600 mil delitos sexuales.
“El dato no es específico en tanto que está intentando contabilizar lo que llamamos cifra negra, además estas formas de violencia tienen condicionantes asociados a lo que llamamos características Inter seccionales o factores de vulnerabilidad, es decir nueve de cada diez víctimas de esta violencia sexual son mujeres y de estas, cuatro son menores de 15 años, eso hace una compleja condición de entramado de situaciones de violencia”.
En la violencia sexual las víctimas más frecuentes son niñas y adolescentes es el caso de Rosa y Vane cuando vivieron este tipo de escenarios que vulneran sus derechos sexuales tenían entre 10 y 13 años. El experto en atención a víctimas lamentó que el Estado y las instituciones fallen en la atención de las niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos sexuales; los recursos son limitados, bajo personal profesionalizado y el bajo seguimiento a los casos denunciados.
