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En un evento que reunió a empresarios transportistas de diversas partes del país, el líder del sector de las grúas, Enrique Dueñas Rodríguez evidenció la corrupción que existe en Jalisco, la cual perjudica a quienes se dedican al servicio de grúas.
“Creemos que el cambio de estafeta en el gobierno local puede ser una enorme oportunidad para resolver terribles situaciones como la creciente presencia de grúas de arrastre operando en la zona metropolitana sin autorización, así como la realización de operativos fantasmas, la falta de claridad y transparencia en el modelo de operación de los depósitos de vehículos autorizados por el gobierno del estado y las deudas pendientes del gobierno del estado con servicios de grúas por servicios otorgados a sus dependencias y que alcanzan varios millones de pesos”.
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Lamentó el silencio de autoridades reportadas por empresarios y ciudadanos, porque de esa manera “lejos de avanzar, lo que pasó es que se han arraigado prácticas de ilegalidad y de corrupción en perjuicio de la ciudadanía que es víctima cotidiana”.
A decir de Dueñas Rodríguez, quien es presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Mexicanos de Grúas, es importante que en Jalisco las nuevas autoridades eviten “que se cuelen en sus equipos de trabajo personas que han mostrado su deshonestidad, incapacidad y corrupción”.
Hace poco más de un mes, líderes del sector dedicado al servicio de grúas se quejaron de operativos “fantasma” en zonas como Providencia, Chapalita y el Mercado de Abastos.
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Aprovechó el foro para invitar a que nuevos funcionarios federales mantengan diálogo para implementar en conjunto estrategias promotoras de capacitación y desarrollo para romper el ciclo de estancamiento.
En tanto que, al Poder Legislativo le pidió también coordinación, para actualizar el marco legal que rige al sector transporte y destacó el nuevo Reglamento de Grúas para el territorio nacional.
Se comprometió a continuar en contacto con las nuevas autoridades para perfeccionar el nuevo reglamento, pues “aún presenta lagunas por solventar” y en ese sentido enumeró la publicación de base técnica de precios de maniobras, audiencias de réplica cuando alguien se queja, dictámenes de factibilidad para otorgar nuevos permisos.
Dijo que les preocupa también la claridad en el rol de servicios y “diseñar un modelo que defina qué tramo le corresponde cubrir a cada permisionario” y que las autoridades responsables sean rigurosas en acciones de vigilancia y sanciones a quienes incumplan.
“El principal reto es cerrar todas las puertas a la corrupción y al tráfico de influencias de algunas autoridades con malos permisionarios, dar garantía y certeza a usuarios sobre integridad personal y de su patrimonio y establecer una competencia comercial justa”.
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