Irregularidades en procedimientos y la falta de protocolos adecuados para el manejo, clasificación, conservación, tratamiento y traslado de cadáveres en cajas refrigerantes de tráiler son parte de los motivos por los que el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón, dio a conocer la recomendación 10 del 2019 dirigida a la autoridades estatales en donde pide se dé una disculpa pública a los familiares de las víctimas y la construcción de un memorial para que no se vuelvan a repetir hechos como este.
Conocido como el “tráiler de la muerte” (del cual EL OCCIDENTAL dio cuenta en agosto del 2018), se supo que en tres cajas refrigerantes se trasportaba al menos 400 cadáveres de personas no identificadas y la mayoría de ellas víctimas de la delincuencia, pero que tampoco se les daba una exhumación adecuada por falta de espacios para tal fin en los panteones municipales.
Es así que el personal de la CEDH inició una investigación por cada uno de los cuerpos sin identificar y que a la fecha suman 605 entre adultos y menores, de los cuales 85 prácticamente será imposible identificar debido a las condiciones de descomposición en las que están.
Durante la investigación del personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se determinó que el personal de la Fiscalía General y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses cometieron omisiones e irregularidades, así como la falta de protocolos para el control y custodia del material forense, por lo que se “violaron los derechos al acceso de la justicia, a la igualdad al trato digno, negativa de asistencia a víctimas del delito, entre otros derechos tanto de las víctimas como de los familiares.
“Tenemos elementos que nos permiten identificar patrones, inconsistencias e irregularidades que requieren una atención inmediata, sobre todo considerando que nuevamente tenemos una gran cantidad de cuerpos de personas en estas mismas instalaciones que también requieren ser identificadas conforme a los protocolos correspondientes”, señaló el presidente del organismo.
Ante esta situación y al concluir parte de la investigación es que a ocho meses de que hizo crisis esta situación, es que se pide al titular de la Fiscalía General que “realice un acto público de reconocimiento por las omisiones o indebida actuación de servidores públicos y ofrezca una disculpa a los familiares de personas desaparecidas, colectivos y a la comunidad en general por los hechos que conmocionaron a la opinión pública”.
Además gestionar los recursos necesarios para que funcionen adecuadamente todos los procesos de esa dependencia, se establezcan los protocolos de información e intercomunicación inmediata y directa entre las diferentes áreas de la Fiscalía General con el IJCF, agotar lo que sea necesario para la identificación de los cuerpos en resguardo del IJCF, elaborar protocolos de notificación de identificación de cadáveres, construir un panteón forense, construir depósitos, cámaras congeladas para depósito de los cuerpos de las víctimas.
También al secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza, le pide la construcción de un memorial en honor a las personas fallecidas con el objetivo de visibilizar las violaciones de derechos cometidas y como una forma de recordar que no se debe de repetir hechos tan indignantes como este, dar todo el apoyo que requieran tanto la Fiscalía General como el IJCF para el establecimiento del cementerio forense y la construcción de depósitos o cámaras refrigerantes adecuadas para contener cuerpos.
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