Una joven denunció violencia intrafamiliar, pero fue asesinada antes de encontrar justicia y después de muerta, la fiscalía siguió enviándole citarios para que compareciera a declarar, en una acción que indigna y molesta.
La Comisión Estatal de Derechos humanos de jalisco (CEDHJ) ha emitido una recomendación al respecto para que se investigue y sancione a los responsables de estos hechos.
Se trata de la Recomendación 5/2019 al titular de la Fiscalía del Estado, por la violación de los derechos a la vida a una mujer, así como a su integridad física y psicológica, libertad y seguridad personal, al respeto a la dignidad, a una vida sin violencia y a ser libre de toda forma de discriminación; también, del derecho a la legalidad y seguridad jurídica, en relación con los derechos de las víctimas de delitos y de violaciones de Derechos Humanos.
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Justicia que llega... tarde
El 21 de agosto de 2018, una mujer presentó queja en esta institución a favor de su hija, quien falleció en marzo de 2017 presuntamente a manos de su expareja, a la fecha, un hombre prófugo de la justicia. Ya era la joven víctima de violencia, agresiones y amenazas, todo a mano de su entonces esposo.
La joven, respondiendo a lo que promueve la autoridad, en febrero de 2017 denunció que, luego que volvió a atacarla cuando estaba embarazada, lo denunció en la Fiscalía General del Estado, donde dictaron medidas cautelares (órdenes de protección) para supuestamente protegerla.
En respuesta, la autoridad giró varios oficios a diferentes dependencias; sin embargo, estos documentos fueron entregados a la ofendida para que ella misma los hiciera llegar a las diferentes oficinas, aun cuando, luego de la agresión, se encontraba severamente lastimada y con un embarazo de alto riesgo.
Omitió aplicar las medidas cautelares que consistían en brindar vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendida, protección policial y auxilio inmediato de la Policía en caso necesario a fin de evitar la cercanía con el agresor.
Ya no pudieron protegerla
El 9 de marzo, antes de que se pudiera hacer algo al respecto, la joven, de 20 años de edad fue golpeada brutalmente y estrangulada. Su deceso se decretó en los primeros minutos del día 10 de marzo. Ella tenía 10 días de haber dado a luz a una niña y las sospechas recaen sobre su expareja, quien se encuentra prófugo.
“Durante el lapso de la denuncia de mi hija y su posterior asesinato, no hubo una sola acción institucional por parte del personal del Centro de Justicia para la Mujer para proteger su integridad y su vida, a pesar de que tenía una medida de protección y del alto riesgo en que se encontraba”, expuso la quejosa.
En marzo de 2017 se dictó una orden de aprehensión contra el presunto agresor; sin embargo, a la fecha de la queja ya habían pasado 17 meses sin que ésta se ejecutara.
Entérate:
Graves omisiones
La CEDHJ evidenció que dos agentes del Ministerio Público y el personal de la entonces Comisaría de Investigación adscrito al despacho del comisionado de Seguridad Pública del Estado, todos asignados en ese entonces a la Fiscalía General, incumplieron su deber de garantizar la protección y seguridad de la agraviada.
Se acredita al mismo tiempo una responsabilidad institucional por falta de cumplimiento del deber y obligación de respetar y garantizar la protección de esos Derechos Humanos mediante los principios de debida diligencia y máxima protección.
Entre otras irregularidades se acreditó que la agente del Ministerio Público, si bien elaboró el oficio dirigido a la directora general del Centro de Atención a Ofendidos, Víctimas y Testigos del Delito, para que se brindara apoyo integral a la víctima, éste nunca fue notificado, lo que propició que no se le proporcionara atención, lo mismo ocurrió con la solicitud de medidas de protección dirigida a la Comisaría de Seguridad Pública de Tlajomulco y con otra agente del Ministerio Público, quien no atendió la situación alarmante advertida por la Consejería del Centro de Justicia para las Mujeres, que determinó “semáforo rojo”, lo que implicaba peligro inminente de violencia extrema para la víctima.
Incluso la CEDHJ constató que aun después de fallecida la víctima, siguieron enviándole citatorios para que se presentara, lo cual es indignante, máxime que el 11 de marzo de 2017 el agente del Ministerio Público de la Unidad de Homicidios Dolosos pidió al agente adscrito al Centro de Justicia de la Mujer que le enviara copias de la carpeta de investigación citada para anexarla a otra porque estaban relacionadas.
Era, pues, fácil deducir que en dicha indagatoria se estaría investigando el homicidio de la joven madre. Además se acreditó que el crimen de la mujer continúa impune, pues la Fiscalía del Estado ha incumplido con la obligación de garantizar los Derechos Humanos de las víctimas indirectas.
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