La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, que ya en tres ocasiones anteriores se había pronunciado sobre los riesgos para para el personal médico en la zona, emitió medidas cautelares para que se garantice la seguridad de todos ellos, pero además de los habitantes de la zona norte.
Recordó que la situación ya advertida derivó en el homicidio de dos profesionales de la salud.
Además ha dado comienzo al acta de investigación número 308/2021/III, tras darse a conocer en medios de comunicación el paro de actividades por parte de personal médico del Hospital Regional de Huejuquilla El Alto para exigir un alto a la violencia en contra de los trabajadores de la salud, luego de que la semana pasada un médico pasante y un operador de la ambulancia fueron asesinados por presuntos integrantes del crimen organizado, luego de trasladar a una paciente al vecino municipio de Valparaíso, Zacatecas.
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Las medidas cautelares dictadas en forma inmediata fueron dirigidas al secretario de Seguridad del Estado, a quien se le ha solicitado que de manera inmediata se tomen las acciones necesarias para proteger a quienes viven y acuden al municipio de Huejuquilla El Alto, a efecto de que se les garantice su integridad física y seguridad personal.
También para que se realicen los mecanismos de coordinación con las policías municipales y las instancias de seguridad federal para que, en el marco de sus respectivas competencias, se garantice la seguridad de las y los habitantes.
El documento incluye al secretario de Salud Jalisco, al que se le pide dotar del equipo de protección, así como de las herramientas e insumos necesarios, para que el personal de salud que trabaja en dicho hospital pueda realizar con eficiencia y seguridad su labor.
Para este mismo funcionario se está solicitando que supervise en el ámbito de su competencia, que se proporcionen con calidad y calidez los servicios de atención médica en el municipio de Huejuquilla el Alto.
La defensoría de derechos humanos confirmó que fue informada que personal de la Coordinación General Estratégica de Seguridad y de la Secretaría de Seguridad Pública, se trasladaron al lugar para realizar acciones emergentes de seguridad en la zona.
La Comisión de Derechos Humanos, antes del mencionado desenlace, divulgó comunicados donde advertía sobre la inseguridad en las comunidades indígenas de la zona norte del estado, como Santa Catarina Cuexcomatitlán y San Andrés Cohamiata, los días 19 de marzo, 10 y 19 de abril.
Entonces también advirtió que por ese motivo, la inseguridad, se habían dejado de prestar los servicios de salud, indispensables ante la emergencia sanitaria por COVID-19 y la atención de urgencias.
La CEDHJ recordó que en mayo pasado se emitió un nuevo pronunciamiento con relación a la inseguridad en algunos municipios de la zona de Los Altos.
“En estos documentos se ha solicitado a los tres niveles de gobierno, pero también a habitantes, grupos sociales, asociaciones y organizaciones de buena fe, para que, de forma inmediata y de manera coordinada, atiendan el problema de inseguridad no sólo con mayor presencia policial, sino con una labor efectiva de planeación e inteligencia; establezcan comunicación con autoridades de las entidades federativas colindantes e involucren mayores recursos que no se enfoquen sólo al área policial, sino que se realicen estudios científicos y metodológicos sobre el acceso y atención de las personas, la prestación de servicios, mejoramiento de las vías de comunicación, estrategias de atención en la procuración de justicia, mayor contacto con la población vulnerable, y otros mecanismos que generen mayor seguridad a la población”, precisó la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.