Amnistía Internacional emite una serie de recomendaciones a los Estados de las Américas, a fin de garantizar que sus respuestas al COVID-19 están en consonancia con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Además, ha señalado una serie de violaciones de derechos fundamentales en la región que ya se cometían antes de la pandemia y que podrían exacerbarse por su causa.
El documento, que expone cuatro actuaciones que deberían emprender los gobiernos y cuatro de las que deberían abstenerse, afirma que los Estados no deben discriminar, dejar atrás a los grupos de alto riesgo, usar la represión o la fuerza excesiva para hacer cumplir las medidas de salud pública ni censurar o limitar el acceso a información basada en evidencias y en la prevención.
Además, subraya que los Estados deben garantizar los derechos laborales y la seguridad social; el acceso a agua limpia y suficiente, saneamiento y atención de salud para toda la población; una respuesta a la pandemia con perspectiva de género; Y proteger el derecho de las personas a la privacidad.
En esta primera fase de la pandemia en las Américas, Amnistía Internacional ha observado que, en su respuesta al COVID-19, hay gobiernos que dejan a un lado los derechos humanos.
México
La observación hacia México es poner especial atención a mujeres, personas desplazadas, migrantes y con bajos ingresos.
Para Amnistía Internacional es vital que el Estado mexicano garantice que todas las personas tengan condiciones para prevenir el contagio, así como acceso a servicios de salud, de manera fácil y expedita, sin estigmas ni discriminación.
Así mismos, indica que se debe establecer cómo se atenderá a las personas adultas mayores, con enfermedades crónicas, con discapacidad, a las personas desplazadas y a quienes cuenten con empleos poco seguros, como las trabajadoras del hogar.
"El gobierno también debe contemplar acciones específicas para brindar atención sanitaria a las personas que viven en pobreza y a quienes no son derechohabientes. Igualmente se deben respetar los derechos del personal sanitario, que está en una situación de alto riesgo” declaró Tania Reneaum Panszi, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.
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