Aunque en todo embarazo en niñas y adolescentes debe el personal de salud avisar a la Fiscalía Estatal y al Ministerio Público, aun cuando la menor de edad no denuncie o manifieste que fue consentido, hay resistencia para denunciar el caso, así como para informar sobre la interrupción legal del embarazo (ILE) y la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

Estas niñas son resguardadas en la Casa Hogar “El Refugio” ­—albergue católico— sin una consejería de salud integral para poder ejercer su derecho a interrumpir el embarazo. En la mayoría de los casos no hay continuidad en el procedimiento judicial, aun tratándose de casos de probable violación sexual.

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Del 2018 a abril de 2024 en Jalisco dos mil 978 niñas de 10 a 14 años fueron mamás; en el 2020 y 2021 hubo cuatro niñas de 9 años con un bebé.

De este total, la cifra más alta fue en 2019 con 537 casos; para el 2022, 2023 y en el primer cuatrimestre de este año el registro fue de 477, 397 y 120 casos, respectivamente. Niñas que no deberían ser mamás.

Una situación grave y preocupante es el hecho de no denunciar los embarazos en niñas y adolescentes por parte de las personas de salud, aun cuando está estipulado como probable presunción de un delito sexual, expresó la académica de la Universidad de Guadalajara (UdeG), activista e integrante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Jalisco (DDESER), Patricia Ortega.

“Todavía hay una resistencia. Aunque es considerado como delito y debe darse el aviso al Ministerio Público y se ha trabajado en una ruta para que lo siga el personal de salud, hay un obstáculo ideológico que impide seguir con lo normativo”.

No dan aviso al Ministerio Público

Ante un problema de salud pública, el médico adscrito a la dirección de gerencia de políticas públicas de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), Nahum Flores Chávez, mencionó, sin dar cifras de cuántos casos han sido notificados al MP, que “todas las instituciones dan aviso al Ministerio Público cuando identifican un embarazo en menores de 18 años. No estamos presuponiendo ni juzgando nada”.

Sostuvo que en los espacios donde se brinda la atención obstétrica hay una indicación de notificar a las instancias judiciales de acuerdo con las modificaciones en junio del 2022 del Código Penal de Jalisco.

Para Patricia Ortega, el hecho de que en el 2023 y 2024, 517 niñas de 10 a 14 años tuvieran un hijo es una prueba de que no se notifican los casos al MP ni se brinda consejería de salud sexual y reproductiva, al tratarse de una urgencia médica. “Es donde nos sigue fallando”.

“Tendría que haber una consejería especializada de acuerdo con la edad de la niña y circunstancias, por parte del personal de salud, para hacer de su conocimiento que puede acceder a este procedimiento”, agregó la activista. “Un embarazo por violación tendría que pasar automáticamente a una consejería para explicar el procedimiento de interrupción y poder tomar la decisión, esto no está pasando”.

Aun cuando en territorio jalisciense hay una Ruta de Niñas y Adolescentes Embarazadas (Ruta NAME) para la atención, protección y restitución de los derechos de las niñas y adolescentes embarazadas o madres menores de 15 años, en realidad no se lleva a cabo por las instancias de salud.

Niegan la interrupción del embarazo

En el primer semestre de este año se registró el caso de una niña wixárika de 12 años víctima de violación; aun cuando fue enviada al Hospital Materno Infantil “Esperanza López Mateos” de la SSJ por ser Ruta NAME, le niegan la interrupción del embarazo y es trasladada a la Ciudad de México para realizarle el procedimiento.

“No solo no le dan la consejería ni la posibilidad de que interrumpa, sino que deciden por ella y automáticamente dicen ‘aquí no se va a realizar’. Intentan convencerla de que no acceda al procedimiento de interrupción”.

En las 517 niñas que fueron mamás puede haber un caso similar al de la niña de Mezquitic: “No tendrían que haber parido, no todas. Si hubiera una consejería en el momento en que llegan a los servicios de salud para la atención del embarazo, la institución tendría que hacer esta consejería para darle las opciones y ellas decidir, junto con su familia, si procede a un procedimiento de interrupción o no”, mencionó la especialista en salud sexual y reproductiva.

Agregó: “Suponemos que hay un sesgo en la información; a la niña wixárika no se le dio, aunque la fam

ilia venía buscando el procedimiento. No se realizó, aun cuando fue un caso de Ruta NAME”.

En un embarazo en adolescentes, mencionó que se deben seguir los protocolos para asegurar la calidad de vida y evitar una afectación permanente al tener un hijo por violación sexual.

De acuerdo con datos del Grupo Estatal de Prevención de Embarazos en Adolescentes (GEPEA), en el primer trimestre del año el 83 por ciento de las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual presentaron un embarazo.

Ante este dato alarmante, la activista urgió por establecer protocolos de salud y legales efectivos para acceder al ILE y IVE, y hacer las investigaciones correspondientes para detener al presunto agresor.

Las organizaciones civiles denuncian que las niñas embarazadas son enviadas a un albergue por ser víctimas de un delito y para evitar que tengan contacto con el presunto agresor, sin haber datos específicos sobre su estatus de salud y legal.

Nahum Flores Chávez de la SSJ refirió que hay un descenso de cuatro puntos porcentuales en embarazos en niñas y adolescentes del 2010 al 2023, mientras que la tasa de fecundidad bajó 37 por ciento en el mismo periodo. “En el 2010 eran 67 nacimientos por cada mil, y para el 2023 cerramos en 40.62. Esta tasa ha ido disminuyendo. Hay trabajo que hacer, considerando que no deberíamos tener ningún nacimiento en niñas de 10 a 14 años, y en las de 15 a 19 años paulatinamente va disminuyendo”.

Flores Chávez dijo que en 2010 hubo 26 mil 48 nacimientos en mujeres de 15 a 19 años y 958 en niñas de 10 a 14 años, y en 2023 los nacimientos en adolescentes fueron 15 mil y en niñas, 397.

El descenso lo atribuyó a las diferentes estrategias estatales como el GEPEA Jalisco e información de métodos anticonceptivos que brindan los Servicios Amigables en los centros de salud.

Mientras la Secretaría de Salud asegura que los embarazos de niñas y adolescentes son notificados al MP y van a la baja, las organizaciones civiles advierten que las 517 niñas mamás debieron recibir atención integral de salud y denunciar los hechos, y prevenir que más niñas sean mamás.

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