El académico del Departamento de Estudios sociopolíticos y jurídicos de la Universidad ITESO, Carlos Moreno Jaimes hizo un análisis del extinto Sistema de Protección Social en Salud. El investigador se pronunció porque el sistema de salud no esté ligado al empleo de las personas y garantizar la accesibilidad universal: “que la salud sea realmente un derecho universal, que no sea una prestación laboral”.

Lamentó que cuando una persona queda sin un empleo formal, en automático queda excluida de los servicios de salud de la seguridad social: “Como no hay un mecanismo como se tenía antes cuando existía el seguro popular estamos condenando a la desprotección a prácticamente a la mitad de la población”.

En entrevista con ELOCCIDENTAL indicó que, con la pandemia por Covid­19 se vio el grado de desprotección de la población e incluso la gente con seguridad social acude a servicios privados por los tiempos de espera en el IMSS.

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Para Moreno Jaimes la decisión del Gobierno de Jalisco fue no adherirse al desmantelado Insabi ni ceder el sistema estatal de salud a casi cuatro décadas de la descentralización trajo una mejor cobertura comparado con las entidades federativas que dejaron su operatividad al Gobierno Federal.

“La decisión de Jalisco fue atinada de no haberse adherido como los otros nueve estados, porque si uno hace una comparación en las cifras de cobertura en los estados que no se adhirieron terminaron por tener una mejor cobertura en comparación con los que sí renunciaron a sus servicios de salud y se lo dieron al Insabi”.

Recordó que Seguro Popular financiaba el servicio de salud con el fin de proteger el gasto de salud de las personas sin seguridad social, con el objetivo de brindar protección financiera a través de un mecanismo de aseguramiento público, una cultura de pago anticipado entre las personas afiliadas y disminuir el número de familias que se empobrecen al enfrentar gastos en salud.

Los recursos de este sistema eran federal, estatal y cuotas individuales de las personas afiliadas. Entre los aciertos y desaciertos del Seguro Popular, el académico del ITESO mencionó que promovió mayor equidad en el gasto de las personas sin seguridad social con quienes sí tenían, mejoró la protección financiera de los afiliados al disminuir el gasto de bolsillo y aumentó el uso de los servicios de salud.

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La otra cara de la moneda fue sobre la calidad de los servicios de salud, falta de medicamentos y tiempos de espera, y la operatividad que realizaron los que estaban a cargo del financiamiento. En el análisis que hizo el académico con el título “Crónica de un desmantelamiento anunciado: la cancelación del Seguro Popular”, publicado en el volumen Jalisco a medio camino, balance parcial 2018­2022, editado por la Universidad de Guadalajara (UdeG) en el 2023, señalaba que entre 2008 y 2018, el Seguro Popular tenía a 2.9 millones de personas afiliadas, dos años después descendió en 2.5 millones, aumentó Jalisco su contribución al gasto en salud para personas sin seguridad social.

En cambio, con el Insabi, el cual era proveer y garantizar la prestación de servicios de atención a la salud y medicamentos a la población carente de seguridad social, comentó que establecía que los Estados cedieron sus recursos de salud.

“A raíz de esa operación el Insabi nunca llegó a operar, estaba planteando que los Estados del país cedieron sus servicios estatales de salud a favor del Insabi, es decir lo hizo de manera opcional. Jalisco fue uno de los diez estados que renunciaron a la posibilidad de adherirse al nuevo Insabi, terminó por seguir operando sus propios servicios que son servicios generados de la época de los 90 de la descentralización del sector salud”.

En dos años del Insabi no se dio a conocer las reglas de operación, sin estructura orgánica ni con manuales de organización y procedimientos y luego se decretó su desaparición: “Una de las muestras de fracaso fue que en mayo del 2023 se canceló también por decreto presidencial y se anunció su sustitución por un nuevo organismo llamado IMSS­Bienestar”, expuso el especialista del ITESO durante la entrevista.

Con relación al IMSS­Bienestar, mencionó el especialista que sigue siendo una promesa sin materializarse en Jalisco ni a nivel nacional, sin embargo, se desconoce cuál sería su base sustentable; en caso de que el Instituto Mexicano del Seguro Social fuera un soporte con su infraestructura, con un sistema de financiamiento autónomo, el IMSS Bienestar podría ser una garantía en la prestación del servicio, subrayó Moreno Jaimes.

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“Se necesitan recursos nuevos, con la infraestructura existente del IMSS no sería suficiente porque estamos hablando prácticamente la mitad de la población en México, que carece de Seguridad Social. Se necesitaría crear nueva infraestructura física, humana y no habría otra alternativa que hacerlos a través de recursos públicos no a través del mecanismo normal del financiamiento del IMSS que son las cuotas obrero­patronal”. Pacientes, académicos e investigadores de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y de la Universidad ITESO reflexionan sobre estos esquemas, desde el Seguro Popular, que duró 17años, el Instituto de Salud para el Bienestar, Insabi con un tiempo de vida breve para cambiar a IMSS Bienestar sin que estos últimos programas se consolidaran en Jalisco.

En territorio jalisciense hay 8.3 millones de habitantes, la mitad carece de seguridad social, hace casi cuatro años para Liliana Torres del municipio de San Pedro Tlaquepaque su única alternativa era el Seguro Popular.

“Fuimos atendidos por diversas enfermedades, un familiar tenía un problema de cáncer, lamentablemente falleció al

año de que ya no hubo seguro popular no fue por covid, hubo algunos medicamentos que no tenía. Ahora que trabajo y tengo seguro social, la verdad la atención es muy tardada”. Agregó:

“Yo tuve una cirugía de vesícula el año pasado y tardé aproximadamente desde que me diagnosticaron hasta que me hicieron la cirugía dos años, nunca me dieron medicamentos; ya nomás me operaron y todo lo demás corrió por mi cuenta”, manifestó Liliana Torres.