Ex empleados de los ayuntamientos de El Salto y de Tonalá, denunciaron que alrededor de 600 personas fueron despedidas de manera injustificada, porque no quisieron colaborar con las campañas del Partido Movimiento Ciudadano.
La presión, que aseguran es política y encabezada por los propios presidentes municipales, comenzó en el caso de El Salto desde hace casi dos años, cuando Marcos Godínez Montes tuvo algunos desacuerdos con el PRI, partido al que renunció en la segunda semana de marzo pasado, para sumarse a las filas del partido Movimiento Ciudadano.
“Conmigo salieron como 25 empleados, pero han despedido como a 500. Han sustituido unos por otros, les dicen que se vayan a trabajar, que los apoyen políticamente y despiden a los que están contra su proyecto político”, expuso Marina Valdez Bárcena, que se desempeñaba como auxiliar en el Archivo Municipal y fue despedida por no asistir a las juntas del partido Movimiento Ciudadano en El Salto.
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La renuncia de Godínez Montes al tricolor llegó apenas una semana después de que el alcalde tonalteca, Sergio Chávez Dávalos también dejara el PRI y se sumara al partido del águila naranja y a partir de ahí, a decir de los ex empleados de Tonalá, igualmente comenzó la presión.
En el caso de Tonalá, los ex trabajadores, la mayoría de ellos supernumerarios, explicaron que son más de cien las personas despedidas a partir de marzo. Una de ellas es Elizabeth Pinto Zepeda, que fue despedida en la segunda quincena de marzo, aún cuando contaba con incapacidad por cirugía.
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“Yo metí demanda en derechos humanos y en derechos laborales, ya que vienen atacando nuestros derechos humanos y laborales, más en mi caso, porque tenía incapacidad. Eso les comenté en Recursos Humanos y la respuesta que me dieron fue que si quería volver a nómina hablara con ellos (Sergio Chávez) y me volvían a subir a nómina”.
De acuerdo con los ex trabajadores de El Salto y Tonalá, los espacios que quedaron desocupados tras su despido, ya fueron ocupados por familiares y personas cercanas a los mismos empleados municipales que sí accedieron a apoyar las campañas del partido Movimiento Ciudadano, por lo cual, consideran que la situación debe atenderse por instancias electorales y no sólo por las encargadas de la defensa del trabajo y en breve presentar denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.