Desmienten con pruebas en la mano ejidatarios de El Zapote al Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) que el predio La Presa anexo al Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo les pertenece y que por el contrario sus dueños son los ejidatarios, así mismo exhiben actos y juicios simulados entre el despacho jurídico SotoyIllanes , con el supuesto ganadero David Arturo Esquerra González que resultó ser socio de dicho despacho jurídico que le trabaja al GAP para despojarlos del predio “La presa” ubicado a un lado del aeropuerto ubicado en el municipio de Tlajomulco de Zuñiga.
En rueda de prensa, exigieron al Gobernador retire a los 200 elementos de seguridad estatales que tienen resguardado el predio, en lugar de buscar a los desaparecidos y erradicar la inseguridad en Jalisco, ya que no dejan entrar a sus legítimos dueños que son los ejidatarios para sembrar en sus parcelas, y que es gente de la tercera edad que no hace daño.
El abogado representante del Ejido El Zapote, Max Lomelí , el ex presidente del ejido Nicolás Vega y Eva Vega Pedroza, presidenta de la mesa directiva del comisariado, indicaron que ni el Gobierno Federal o Estatal no tienen ningún sustento legal, para utilizar la fuerza pública como lo solicitó el GAP, “muy al contrario, los ejidatarios hemos sido los únicos que siempre manifestamos el irrestricto apego al Estado de Derecho, siempre salvaguardando la integridad y seguridad de usuarios, trabajadores y personal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Guadalajara”.
Explicaron que el GAP denuncia a David Esquerra como ejidatario de El Zapote cuando nadie lo conoce, ante ello el juez octavo , mismo juez que proceso a los ejidatarios el año pasado dictó medida cautelar al prohibirle a Esquerra “paseara a sus 6 vacas por el predio” pero “el juez se excede al poner una superficie más amplia que no está contemplada en la concesión, pero que el GAP argumenta que sí con un plano falso”.
Lomelí indicó que David Esquerra no es ganadero, ni ejidatario, es socio del despacho jurídico que le lleva el asunto al GAP y se prestó a decir que sí lo era. Esquerra fue certificado por el notario público Salvador Cosío Gaona candidato al Gobierno del estado en otro asunto donde no sólo aparece Esquerra sino como sus abogados SotoyIllanes.
Indicaron los abogados que tienen denunciado a Salvador Cosío por otro asunto en una empresa de Arandas en las que protacolizó el acta en la que aparece como secretario de administración de la empresa David Esquerra.
Los abogados se abocaron a investigar a David Esquerra y encontraron que su abogado Héctor Francisco Guerrero Romero es uno de los abogados del despacho jurídico de SotoyIllanes y que utilizan el mismo domicilio procesal calle Reforma 2727, colonia Circunvalación Vallarta, en el municipio de Guadalajara, lo comprueban con papel membretado del despacho jurídico y en asuntos en los que intervino Esquerra.
Dicho domicilio Reforma 2727 es una propiedad de varios millones de pesos. Guerrero Romero fue acreditado por Alma Rosa Enriques Torres secretario del juzgado tercero de distrito en materia Administrativa y del trabajo en Jalisco que al revisar el sistema computarizado para el registro único de profesionistas del derecho ante los tribunales de circuito y juzgados de distritos se encontró que si es esta registrado al igual que Pedro David González. Por ende si existen, son socios del despacho jurídico y están vinculados todos con el GAP.
Este despacho al igual que Esquerra está vinculado a otros asuntos como Colomos III; Santa Anita Hills, Torre en Club Chivas (avenida López Mateos). “David Arturo Esquerra y SotoyIllanes trabajan en conjunto para despojar empresas o bienes para construcción de edificios, empresas nacionales y ahora despojan al ejido el Zapote y 10 empresas más”, citaron los afectados.
Mostraron la medida cautelar con la que se despoja de manera ilegal al ejido El Zapote de sus legítimas tierras, “por una simulación de hechos entre el Aeropuerto de Guadalajara y el supuesto ganadero David Arturo Esquerra González”. Esta medida cautelar se ejecutó “dolosamente excesiva, ya que extralimita la concesión otorgada al GAP”.
Indican “casualmente la medida es dictada por el juez Sergio Peña, el mismo que vinculó a proceso a ejidatarios y abogados de manera arbitraria, dejando entre dicho su imparcialidad y su honradez, ya que es evidente la manipulación que ejercen sobre él, tanto los abogados como funcionarios públicos coludidos en una red de corrupción para beneficio de unos cuantos.