La Comisión Estatal de Derecho Humanos pidió a las autoridades del estado apertura para que los colectivos que buscan personas desaparecidas puedan estar presentes en el proceso de exhumación e identificación de restos humanos que se encuentran en la sección forense del panteón de Coyula, en Tonalá, luego de que la mañana de este miércoles se les negó el acceso con personal de la policía del estado.
La CEDH estuvo presente en el cementerio para observar las labores y para brindar acompañamiento a los familiares de personas desaparecidas.
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“Se respete el derecho de los familiares de las víctimas a estar presentes en las exhumaciones, por sí y/o a través de sus asesores jurídicos; a ser informadas sobre los protocolos y procedimientos que serán aplicados”, detalló el organismo en redes sociales.
Colectivos como Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej), Luz de Esperanza, Entre Cielo y Tierra, y Huellas de Amor, estuvieron presentes para observar el proceso, pero las autoridades se les negó el acceso.
El organismo también pidió designar peritos independientes acreditados ante organismo nacional o internacional de protección a los derechos humanos, que contribuyan al mejor desarrollo del proceso de exhumación.
La CEDH emitió medidas cautelares dirigidas a diferentes autoridades como el fiscal de Derechos Humanos, a la fiscal de Personas Desaparecidas, a la directora del Centro de Vinculación y Seguimiento a la Defensa de los Derechos Humanos de la Fiscalía estatal, a la comisionada de Búsqueda de Personas, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, y al secretario de Seguridad del Estado para que se garantice el respeto a los derechos de las víctimas.
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“Deberá hacerse respetando su dignidad, tradiciones religiosas y culturales. Si fuera el caso, y a solicitud de los familiares, generar los mecanismos para repatriar los restos de las víctimas ya identificados, de conformidad con lo que establezca la legislación aplicable
En total serán exhumados 262 cuerpos para toma de muestra y completar su archivo básico que permita una posible identificación. Todos los cuerpos fueron inhumados entre 2017 y 2018.
“Una vez identificados los cuerpos, realizadas las pruebas técnicas y científicas a las que está obligado el Estado y que refiere el Código Nacional de Procedimientos Penales y la legislación aplicable, la entrega de los cuerpos u osamentas de las víctimas a sus familiares”.