Desde hace siete meses Celia Soto no recibe su pago mensual, luego de que fue reinstalada en una de las áreas de la Inspección y Vigilancia; denunció que desde marzo no recibe el pago y sus cheques han sido expedidos de acuerdo con la página de transparencia.
“A mí me corrieron injustificadamente. Yo demande ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón y dure cinco años con la demanda, por fin de me reinstalaron, pero Pablo Lemus (alcalde de Guadalajara) y su administración vulneran el estado de derecho al no cumplir y no respetar con la reinstalación con los laudos. A mí me reinstalaron el día 29 de marzo ya hace casi siete meses y aún no he recibido pago alguno”.
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Por su parte, la regidora Mariana Fernández Ramírez, denunció que este tipo de actos forma parte de una suplantación en el cobro de los salarios del personal que fue reinstalado.
Indicó que, la administración municipal de Guadalajara realiza estrategias no convencionales en las contiendas legales, para no pagar, hacer lo necesario para alargar los procesos y heredar el problema a la siguiente administración.
La regidora señaló que hay trabajadores hasta con cuatro juicios por el mismo hecho contra Guadalajara.
“Se valen de todo desde la complicidad del Tribunal de Arbitraje y Escalafón que depende del Gobierno de Jalisco y hasta del Congreso de Jalisco que tienen mayoría de diputados de MC que con medidas dilatorias prolongan el cumplimiento de los laudos que son las sentencias en materia laboral, que han sido ganados por los empleados. Hemos recibido la denuncia de un nuevo modus operandi que nos preocupa muchísimo, están reinstalando a los empleados, ya ganan todas las sentencias en los tribunales, los reinstalan, pero no les han pagado aunque ya están reinstalados”.
La Regidora de Morena denunció que son varios trabajadoras y trabajadores despedidos de manera injusta y que han sido reinstalados sin recibir a la fecha su sueldo mensual.
Las y los Regidores de Morena en Guadalajara pedirán a la Contraloría Ciudadana inicie una investigación y sancione a quién o quienes resulten responsables de quedarse con el sueldo de las y los trabajadores como es el caso de Celia Soto.