Denuncian particulares al fiscal general del Estado de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, por presuntos actos de tráfico de influencias y obstrucción de la justicia por un asunto de despojo de terrenos ante la Fiscalía Anticorrupción.
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Citan en la denuncia: “En nuestra calidad de afectados, la octagenaria Esther Nuño Nuño y Sergio Orozco Oseguera, en nombre de nuestras familias, (También afectadas por los hechos aquí narrados), interpusimos la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Anticorrupción, y acudimos al Senado de la República para interponer una queja en contra del fiscal, Gerardo Octavio Solís Gómez, misma que fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública para su análisis y aplicación de las sanciones legales correspondientes".
Señalan que el Fiscal del Estado mandó pedir la carpeta de investigación por conducto del servidor público de la Fiscalía de nombre Jaime González Navarro y fue la número 115940/2019 "para guardarla en un cajón, o dicho de otra manera, meterla a la congeladora, la cual venía por desglose de la Fiscalía General de la República al haberse detectado delitos del fuero común, lo que obstaculiza la averiguación por Fraude Procesal que iniciamos en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga".
Los Hechos, ocurrieron el pasado 16 de diciembre de 2019, cuando el Agente del Ministerio Público, adscrito a la Agencia de Litigación Oral de Tlajomulco giró el oficio 776/2017 al Juez de turno solicitando la audiencia de pedimento de orden de aprehensión en contra del abogado Francisco Javier Ochoa Reynoso, éste apoderado legal de Banorte en el Estado, Janett Aguilar López y Licenciado Marco Antonio Peláez de León, por el delito de fraude procesal al haber presentado documentos falsos ante jueces de distrito y obtener sentencias favorables, aunque luego, la Fiscalía General de la República los investigó y demostró que efectivamente exhibieron documentos con firmas falsas, señaló Oseguera.
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Agregó: "detectamos que Marco Antonio Peláez de León es hijo de la Juez Décimo Primero de lo Penal, Gabriela Guadalupe De León Carrillo, por lo que presumimos que se configura el delito de tráfico de influencias, ya que la citada juez tiene una relación muy cercana con el Fiscal".
Manifestó: "Solís Gómez, ordenó que dicho oficio fuera retirado por conducto del Licenciado Jaime González Navarro, a pesar de haber sido ya judicializado y dispuso que permaneciera en su oficina. Han intervenido también la agente del Ministerio Público Adscrita al Juzgado Décimo Quinto de Control de Oralidad, Gabriela Leticia Solano González y el citado director general de Control de Procesos y Audiencias, Jaime González Navarro, así como la directora de Amparos y Agravios de Segunda Instancia y procedimientos de extinción de dominios, María de Lourdes Olivares Hernández, incluyendo el director de mandamientos Judiciales, todos funcionarios de la Fiscalía General del Estado".
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