El magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, Laurentino López Villaseñor, debe ser sometido hasta a juicio político por probables actos de corrupción tras aprobar el permiso de habitabilidad de las Villas Panamericanas sin cumplir con los ordenamientos municipales y estar dentro de un área natural protegida, señaló el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus.
“Es una resolución lamentable que creo incluso debe de derivar en un juicio político contra el magistrado Laurentino López Villaseñor, no es posible que el Tribunal Administrativo se esté adjudicando las atribuciones que tiene el municipio en materia de regulación del uso del suelo”, indicó el ex presidente municipal de Zapopan y quien en seis años se opuso a otorgar esos permisos.
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Recordó que ese desarrollo habitacional de 650 departamentos aún no cumple con los requisitos marcados por las leyes para poder operar como un espacio habitacional al 100% y eso generará una serie de problemas ya que los empresarios inmobiliarios “no han cumplido absolutamente con ninguna de las obligaciones urbanísticas hacia el municipio de Zapopan”.
Es decir, no se han hecho la conexión a las redes del SIAPA por lo que no tiene agua potable, no tiene pozos de absorción, la planta de tratamiento de agua no es la adecuada, es insuficiente, no se han hecho las obras viales y es por eso que considera como una irresponsabilidad de López Villaseñor el otorgar el permiso y eso se debe llevar a juicio político.
Exhortó a los ciudadanos para que no se aventuren a comprar departamentos en ese desarrollo porque junto con el espacio también se llevarán una serie de problemas administrativos hasta para conseguir las escrituras ya que al carecer de permisos municipales no se pueden expedir de inmediato algunos documentos.
“Como presidente municipal de Guadalajara y como ciudadano hago un llamado a la gente para que no compre departamentos en la Villa Panamericana, porque ponen en riesgos su patrimonio, la habitabilidad que da un Tribunal Administrativo es algo nunca visto en la ciudad, el Ayuntamiento no está otorgándola por lo que el desarrollador tendrá que ir con un notario público con esa suspensión para emitir una escritura pública”, dijo.
Explicó que la certeza jurídica de la escritura de un departamento de ese desarrollo “está en el lomo de un venado y esto pone en riesgo el patrimonio de las familias jaliscienses” pero también pide no adquirirlos como un compromiso ciudadano para proteger al medio ambiente, al Bosque de la Primavera y El Bajío.
Además hacer un frente común en contra de la urbanización de toda la zona de El Bajío y lo que se podría hacer es poder interponer un amparo colectivo en contra de esa resolución del magistrado pero eso le corresponde a las autoridades de Zapopan y a los ciudadanos en general ya que los efectos son para toda el área metropolitana de Guadalajara.
Al cuestionarlo si conoce los argumentos que da el magistrado en su resolución, Pablo Lemus simplemente contestó que es “corrupción, lana y mordidas. Como se ha manejado siempre en el TAE y no hay un argumento legal, por lo menos yo no lo alcanzo a ver”.