El presidente de la bancada de Movimiento Ciudadano diputado Salvador Caro dijo que debe existir un órgano interno certificado para exámenes de control de confianza para magistrados y jueces, de no venir en la iniciativa que envíe el Gobernador Enrique Alfaro al Congreso del Estado lo propondrá él.
Dijo que su iniciativa en la que plantea que la elección de magistrado debe recaer en el Gobernador al enviar una terna al congreso, tiene que entenderse como "una batalla personal desde su posición de legislador para restablecer el funcionamiento de los poderes públicos en materia de la división de poderes."
Sería inconstitucional indicó el legislador emecista que la aplicación para magistrados y jueces fuera por el mismo control que pasan los policías, debe ser un órgano certificado pero interno en el Poder Judicial.
“Estamos hablando de la necesidad de que el propio Poder Judicial con reglas que le permitan mantenerse certificado dentro el contexto del Sistema Nacional de Evaluación, pueda evaluar a secretarios, a jueces y a magistrados”.
En entrevista dijo que no conoce como viene la iniciativa del Gobernador, ya que por lo que sabe ha estado modificándose.
Al cuestionario sobre el hecho de que a los magistrados y jueces no les parecerá ser examinados y podrían recurrir a amparos, puntualizó:"en 2012 la Suprema Corte emitió una resolución donde confirma que no es constitucional que una entidad ajena al Poder Judicial aplique controles de confianza sobre los magistrados".
Te puede interesar:
Por lo que añadió "estamos hablando de la necesidad de que el propio Poder Judicial, con reglas que le permitan mantenerse certificado dentro del contexto del Sistema Nacional de Evaluación, pueda evaluar a secretarios, jueces y magistrados”.
Conoce más:
- Debe imitarse el sistema judicial que tiene Perú y que ha llevado a la cárcel a expedientes del país, señaló el diputado Caro
- Se pronunció a favor de eliminar el haber del retiro al concluir su periodo como magistrados
- Esta a favor de que los magistrados duren en el cargo 10 años sin poder ratificarse.
