El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción dió luz verde a la propuesta de Política Estatal Anticorrupción de Jalisco (Peajal) que será remitida para su valoración técnica a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA).
En su última sesión como presidenta del Comité de Participación Social Anticorrupción, Lucía Almaraz Cázarez dijo que el Peajal es el plan estratégico para prevenir, detectar y sancionar la corrupción en el Estado.
La Propuesta de Política Estatal Anticorrupción se aprobó de manera unánime por el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (Seajal) que integran: Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, auditor Superior del Estado de Jalisco; Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, fiscal Especializado en Combate a la Corrupción; Ricardo Suro Esteves, presidente del Consejo de la Judicatura del Estado; Cynthia Patricia Cantero Pacheco, presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales; José Ramón Jiménez Gutiérrez, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa y Aimée Figueroa Neri, secretaria Técnica de la SESAJ.
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La Peajal incluye la perspectiva de género, el desarrollo de inteligencia y aprovechamiento tecnológico, la procuración de derechos humanos, la coordinación institucional y el Gobierno Abierto y participación social.
Sus ejes estratégicos son promover la integridad y ética pública, impulsar la participación pública, disminuir la arbitrariedad en la gestión pública y combatir la impunidad.
La política , destacó se basa en una investigación documental y en los aportes de la Sociedad Civil de todo el Estado, especialistas de nivel nacional e internacional y personas servidoras públicas que participaron en la e-Consulta Ciudadana y el Taller de Inteligencia Colectiva, así como de quienes conforman el Comité Coordinador del SEAJAL.
La PEAJAL establece programas marco para una futura ejecución de acciones por parte de los entes públicos que estén enfocadas en la profesionalización e integridad del servicio público, la educación cívica y ética, la corresponsabilidad social, la integridad empresarial, las prácticas anticorrupción, la contraloría social y la participación ciudadana.
Con esta propuesta se pretende fortalecer la rendición de cuentas, la auditoría gubernamental, el control interno y la fiscalización superior, adquisiciones y contrataciones públicas, gestión de riesgos, trámites y servicios públicos, programas sociales y cultura de la denuncia, así como prácticas de Gobierno y Datos Abiertos, tecnologías, sistemas de información e inteligencia de datos, entre otros.