Regidores de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara denuncian que la administración municipal pagará más de 120 millones de pesos a una empresa externa por gestionar la devolución del ISR de los empleados, cuando 550 personas que laboran en la Tesorería podrían realizar el trabajo.
La regidora tapatía, Mariana Fernández Ramírez, denunció que el Comité de Adquisiciones, sin licitación, sin estudio de mercado, sin invitación a más proveedores y en total falta de transparencia autorizó a través de la figura de adjudicación directa dicho pago, afectando las finanzas públicas.
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En rueda de prensa, manifestó que el pago de asesorías y consultorías ha sido un tema polémico porque abre una puerta a la corrupción.
Detalló que, este tipo de contratación de empresas de consultoría y asesoría, resulta preocupante porque el gobierno municipal tiene con una nómina que cuesta al municipio casi la mitad del gasto público, es decir, este año se gastará más de cuatro mil 963 millones de pesos en servicios personales, 266 millones más que en 2022.
“Esto, nos obliga a preguntarnos ¿por qué es necesario contratar despachos y consultorías si tenemos personal para todas las áreas del municipio?”, refirió.
El caso específico de hoy -dijo- tiene que ver con la contratación sospechosa que el Comité de Adquisiciones autorizó el 21 de diciembre de 2021, cuatro días antes de Navidad, al adjudicar de manera directa el pago de 55 millones de pesos a la empresa JMF Actuarios por gestionar la devolución del ISR de los empleados municipales. De acuerdo con los pagos efectuados de marzo a noviembre de 2022, este despacho recibió 61 millones de pesos por este servicio.
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“¿Cuáles fueron los resultados de esta contratación?, pues grandes ganancias para los proveedores (…) el negocio resultó tan rentable que lo renovaron también este año, por adjudicación directa y como una obligación multianual en la sesión del Comité de Adquisiciones celebrada el 14 de octubre de 2022”, indicó Fernández Ramírez.
Señaló que el trámite por este servicio contratado consiste en identificar los errores de timbrado en una hoja de Excel, relacionarlo con el origen de los recursos y solicitar la devolución mediante oficio, y esta actividad lo podría realizar la propia área de Tesorería, como se hace en la mayoría de los entes públicos.
El contrato establece el pago de una comisión del 14% de los recursos recuperados, más el IVA.
Lo anterior, es un negocio perfecto y rentable para el proveedor, señaló.
Agregó que este mismo proveedor prestó un servicio similar en Zapopan durante 2021, con un cobro de una comisión del 10%, aunque a partir de 2022 también ajustó al 14% en ese municipio.
Por lo anterior, refirió que deberá realizarse una investigación dado que este dispendio de más de 120 millones de pesos evidencia la incapacidad en el desempeño gubernamental y genera un agravio a las finanzas municipales, recursos que deberían ser destinados a obras y servicios que beneficien a las familias tapatías.
Indicó que los contratos por adjudicación directa se han convertido en una práctica sistemática del actual gobierno municipal, y prefieren contratar empresas privadas para la prestación de los servicios públicos, como es el caso de limpieza de parques, poda de árboles o recolección de basura y el que se autoricen contratos multianuales sin la autorización del Pleno del Ayuntamiento.