A pesar de los amparos interpuestos por el Consejero de la Judicatura Jorge García González y los jueces Cielo Aguamarina Ledezma Verdín y Mario Sergio Zuñiga Luján, los diputados de la Comisión de Responsabilidades continuarán con el trámite del juicio político, con excepción de la jueza que tiene una suspensión provisional, por lo que los de legisladores deben abstenerse de emitir resolución definitiva o ejecutar medida cautelar.
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En entrevista por separado, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado magistrado Ricardo Suro Esteves, manifestó sobre los señalamientos que hizo el consejero de la Judicatura contra el juez Carlos Alberto Fragoso de presuntamente recibir "moches" de empleados, "no hay una denuncia, ni queja, en ese sentido, es un aspecto meramente personal, si hubiera un señalamiento tendría que haber una investigación. Yo como presidente no toleraría que un funcionario pida dinero a otro empleado, para mí es un rumor solamente".
Sobre el consejero de la Judicatura y los dos jueces, se aprobó continuar con el juicio político y para ello se determinó hacerlo en un lapso de 45 días.
La presidenta de la Comisión de Responsabilidades, la diputada María Esther López Chávez manifestó aunque se encuentran amparados, se continuará con el proceso de juicio político en la etapa de investigación por 45 días más, sin embargo todavía no se conoce el alcance que tiene el amparo directo que promovieron los señalados.
Radican juicio político contra magistrados y jueces
En la sesión de la Comisión de Responsabilidades, los diputados aprobaron radicar (iniciar) el juicio político contra el juez Roberto Carlos Ramos Coronado, los magistrados Antonio Flores Allende y Guillermo Valdez Angulo; y de José Luis Álvarez González, secretario de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia.
Así como contra el presidente municipal de Cocula, Miguel Jesús Esparza Partida; al síndico Juan Sandoval Rubio y Ricardo Miranda Espinoza, encargado de Hacienda.