El Congreso del Estado presentó una segunda denuncia penal durante esta legislatura en contra de quienes entorpecen procesos legislativos y de designación. Aduce que es una red “amañada” y va contra personal del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en materia administrativa, civil y de trabajo, que ha frenado la designación de magistrados.
Acusa de delitos cometidos en la administración de la justicia por prácticas dilatorias y abuso de autoridad.
José Tomás Figueroa Padilla, Secretario General del Poder Legislativo, argumenta que con ello se pretende ya no permitir que se obstaculicen los procedimientos y considera que existen elementos suficientes en repercusión de los procesos preselectivos realizados por el Congreso del Estado para garantizar la transparencia en las convocatorias.
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La encargada de la acción es el área jurídica del Congreso estatal, a través de su coordinadora Maestra Bárbara Trigueros Becerra, quien en su denuncia señala que se actúa de manera premeditada, dañando así, no solamente la credibilidad de los procesos, ya que, derivado de ambos casos, las convocatorias declaradas como desiertas, han generado una afectación de más de 5 millones pesos al erario público.
En esta ocasión es en relación a la preselección de los cargos a las magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia y los correspondientes a la Sala Superior del Tribunal Administrativo.
“Para nosotros existe una red, entre abogados, jueces y magistrados federales, que con el ánimo de detener la selección de magistrados y magistradas o interrumpir esa obligación constitucional que tiene el Legislativo para designar a sus autoridades correspondientes”, destacó Tomás Figueroa Padilla.
Refirió que son actos constitutivos del delito no permitir la participación del personal del Congreso de Jalisco en el desahogo de la audiencia, según la propia Ley de Servidores Públicos, y esto deriva en abuso de autoridad.
“La quejosa participó en una de estas convocatorias y presentó un juicio de amparo, mismo que fue suspendido en la etapa, que permitía desarrollar todo el proceso excepto la elección, como esta convocatoria fue declarada desierta, se le informa al juzgado de distrito que es el décimo sexto y se le dice que para nosotros, ese asunto ya está concluido, puesto que fue declarada desierta la convocatoria, la persona que se inscribe y ha impugnado ambas convocatorias, solamente se ha inscrito a la correspondiente del Tribunal de Justicia Administrativa, sin embargo, presenta juicios en contra de las cuatro convocatorias, principalmente en contra de los exámenes de confianza, esta persona, ella es juez, a ella no se le aplican los exámenes de confianza”, explica Trigueros Becerra.
La acción que, según el Congreso entorpeció el proceso, fue ejercida por la aspirante y juez, Aurora Graciela Anguiano Quijada. En la otra acción se procedió en contra de Gabriel López Valenzuela, que actualmente está en proceso, por tratarse -afirma el legislativo- de una práctica delictiva, actividades criminales, donde se trata de engañar a las autoridades.
El área jurídica del Congreso, presentó las quejas correspondientes a las autoridades en contra de la suspensión provisional, con fechas 07 y 09 de julio 2024, mismas que deberían resolverse en un plazo de 48 horas, hasta el momento no se han turnado a un colegiado, no existe número o fecha para resolverse.
Se adelantó que al menos tres serán las denuncias que interpondrá el Legislativo en contra de Susana Castro, quien se dijo secretaria encargada del despacho; Arturo Aarón Guerrero García, secretario del mismo y una servidora pública que fungió como actuario. Ellos -sostiene el Secretario General del Congreso- dejaron en estado de indefensión al jurídico Legislativo, al negarles el acceso a la audiencia, violentando el artículo 225 de la Ley de Servidores Públicos que en su fracción séptima señala, “comete el delito de abuso de autoridad, los servidores públicos que incurran en algunas de las conductas siguientes, cuando indebidamente retarde o niegue a los particulares la protección o servicio que tengan obligación de otorgarles, impida la presentación o el ocurso de una presentación”, resaltó Figueroa Padilla.
Agregó el titular de la Secretaría General del Congreso del Estado de Jalisco, “nos llama mucho la atención que una acción que tienen los ciudadanos frente el abuso de las autoridades como es el amparo, se esté utilizando para entorpecer el relevo y la designación de las autoridades jurisdiccionales”.
La sanción para el abuso de autoridad y la dilación de la justicia se sanciona con hasta ocho años de cárcel.
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