Aunque en este primer año legisladores no han perdido la oportunidad de resaltar algunos de los avances obtenidos, incluso reconocidos por algunos sectores de la sociedad por la deuda que se tenía con varios temas, lo cierto es que los escándalos han logrado opacar lo poco o lo mucho logrado ya que esta 63 legislatura ha sido recordada más por ser una ventanilla de trámites subordinada al Poder Ejecutivo, que un espacio de verdadera representación ciudadana.
Incontables manifestaciones que han orillado a cercar el Palacio Legislativo, pero sobre todo múltiples críticas es lo que han recibido la mayoría de las fracciones parlamentarias pues a pesar de tener en sus logros la aprobación por ejemplo del matrimonio igualitario (luego de varios años de rezago), de la ley de identidad de género y la sanción de las famosas terapias de conversión, ha podido más en su contra el hecho de que, por mencionar un aspecto, llevaran a cabo una comparecencia “a modo” del fiscal de Jalisco Luis Joaquín Méndez Ruiz por el caso de Luz Raquel, quien perdió la vida en julio pasado tras ser quemada viva y viralizada en las redes.
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Primero el tema de mandar rendir cuentas al encargado de seguridad de Jalisco se postergó durante meses y cuando por fin se pautó una fecha, la sorpresa e indignación de muchos fue palpable cuando legisladores por mayoría de Movimiento Ciudadano (MC), Morena y Verde, determinaron que este ejercicio sería a puerta cerrada (no público) bajo el argumento de “proteger” el avance de las investigaciones en torno a un caso que hasta la fecha sigue dando de qué hablar.
Fue el 9 de septiembre que el fiscal llegó, casi a escondidas, al Congreso de Jalisco. Mientras al interior se desahogaba la comparecencia, a las afueras feministas protestaban como muestra de inconformidad, sin poder ingresar ya que diputados “las recibieron” con vallas metálicas perimetrales para restringirles el acceso. Unos meses atrás, el 21 de julio, diputados locales volvieron a dar de qué hablar por cómo es que incumplieron con una convocatoria que ellos mismos aprobaron al haber elegido a Luz del Carmen Godínez González como la nueva titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), aun cuando ella no cumplía con todos los requisitos para ocupar el cargo. Con el señalamiento de haber sido el claro ejemplo del “reparto de cuotas”, ya que la ahora titular de la comisión es ligada a Movimiento Ciudadano (la mayoría en el congreso), la convocatoria establecía que para ser elegible no se debería haber desempeñado cargo dentro de la administración federal, estatal o municipal durante los dos años anteriores al nombramiento, y un día antes de ser nombrada Godínez González como ombudsman todavía figuraba en la nómina del ayuntamiento de Guadalajara como Jefe de Departamento.
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En julio diputados se vieron envueltos en el escándalo, al pararse la elección de la comisionada presidenta del ITEI tras dos convocatorias fallidas, luego de que una de las aspirantes se amparó porque no se le respetaron sus derechos. Hasta el momento el nombramiento sigue sin desahogarse. Las críticas se han vertido en contra de la elección del director del Instituto de Justicia Alternativa (IJA) y de varias magistraturas. Ni las violaciones constitucionales a la convocatoria del primer nombramiento o haber aceptado que no se ratificó la magistratura de Luis Enrique Villanueva Gómez por una decisión política, sirvieron para que se corrigiera el rumbo de ambos procesos, atorados por amparos interpuestos.
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